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En Santiago del Estero las autoridades aplicaron modificaciones viales para reducir la tasa de accidentes, como prohibir la venta de combustibles a menores que usan motocicletas y personas que no llevan casco, exponiendo al personal a conflictos con los consumidores. Para evitar inconvenientes, expendedores ofrecen espacios a la policía para instalar garitas
Por medio de un decreto de Emergencia Vial, el Gobierno de Santiago del Estero implementó un paquete de medidas con el objetivo de reducir la cantidad de siniestros en la provincia. La disposición prohíbe la venta de naftas a menores de 18 años y a los motociclistas que no usen protección en la cabeza; además estipula sanciones para las estaciones de servicio en caso de incumplimiento.
Ante la posibilidad de que se generen conflictos con los usuarios, Tomas Abdala, presidente de la Cámara de Expendedores (Cepase) gestionó con las autoridades para conseguir mayor presencia policial en las bocas de expendio. “Todas las estaciones van a tener un efectivo durante las 24 horas; propusimos cederle a la policía un espacio físico para que instalen una especie de garita, nosotros les proveemos energía eléctrica y todo lo necesario”, destacó el dirigente.
El artículo 12 del Decreto hace referencia a la prohibición de la venta de combustibles pero contempla sólo a los conductores de las motos y que cuenten con el casco. Este vacío legal consideran los estacioneros que deja margen para un sinnúmero de situaciones conflictivas con los playeros. ¿Cómo actuar cuando el acompañante no posea elemento de protección o cuando el conductor lo tenga colgado del brazo?, se preguntan en el sector.
Cualquiera sea la interpretación que se adopte, Cepase recomienda instruir por escrito al personal y suscribir copia de las notas a efectos de dejar constancia fehaciente de las directivas impartidas. Además de cumplir con la disposición, aconsejan “colocar carteles en las playas de carga y demás sectores de los establecimientos con mensajes claros”, respecto de las restricciones.
En principio, Abdala aclara que “primero pedimos que nos desliguen de la situación”. Al ser rechazado este reclamo, explica que “nos reunimos con las autoridades para conocer las reglas sobre las que nos vamos a mover y para pedir que haya presencia policial”. Los comercios que infrinjan lo dispuesto serán pasibles de una multa equivalente al valor de 300 U .F. hasta 1000 U.F.
“En el art. 13 se hace referencia a reiteraciones de las infracciones, pero no aclara cuando se configurará la misma, los plazos de la sanción, que alcances tendrá por ejemplo en las estaciones duales, etc.. No obstante ello se trata de una cuestión programática cuya aplicación se hace depender de la reglamentación que oportunamente se dicte, con lo que no es de aplicación inmediata, sin perjuicio de los antecedentes que se puedan computar a esos efectos”, explicaron en un comunicado los expendedores.
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