Afirman que el impuesto al cheque representa el 15 por ciento de los ingresos de las estaciones de servicio

Desde hace varios años, las petroleras dejaron de hacerse cargo del 0.6 por ciento del impuesto a los débitos y créditos bancarios por el depósito que las estaciones de servicio realizan en su cuenta corriente. Este gravamen de acuerdo a datos de las cámaras empresarias representa en promedio el 17 por ciento de la rentabilidad de los empresarios.

Las petroleras que venden un producto en consignación – como YPF-, instrumentaron desde hace tiempo como modalidad de pago el depósito directo en su cuenta. Anteriormente se transfería, situación que tampoco era del todo beneficiosa para el operador: en algunas provincias se cobra retenciones del 1 por ciento en concepto de Ingresos Brutos.

Ángel Luis Bigatti, presidente de la Cámara de Expendedores de Formosa, graficó la incidencia que tiene el tributo en una boca de expendio que vende 450.000 litros al mes: “tomando un precio de $9 por litro para simplificar, el 1,2 por ciento de 4.050.000 es $48.600, pero a este valor se suman todos los costos fijos y variables además de otros impuestos, lo cual eleva sensiblemente el punto de equilibrio entre ingresos y gastos totales”.

El también docente de economía explica que este gravamen “generalizado ignora algo esencial en materia impositiva: la capacidad contributiva del contribuyente”. Puntualiza que para una actividad con escaso margen de utilidad bruta – como es la venta de combustibles – “puede ser confiscatorio y además afectar la rentabilidad”.  En general, sostiene que “para una estación de servicio que ofrece sus productos al precio sugerido, el impuesto influye en un 15 por ciento de los ingresos”.

Este tema ha sido planteado en oportunidades anteriores ante el secretario de Coordinación y Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, pero hasta el momento no se encontraron respuestas positivas, a pesar de la comprensión que mostró el funcionario en las audiencias.

Bigatti sostiene que “el problema no son las petroleras; es el Estado voraz, ineficiente y falto de controles parlamentarios y de justicia oportuna”. Además de insistir ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) plantea extender los reclamos con todas las áreas del Gobierno pertinentes.