Consumidores reclamarán ante la Secretaría de Energía por los aumentos de precios

La falta de inversiones que protagonizó el Grupo Repsol en YPF llevó a Miguel Galuccio, el CEO de YPF desde mediados de 2012, a tomar medidas drásticas para recomponer la producción de crudo y gas. Para hacerse de recursos e impulsar la actividad en el yacimiento Vaca Muerta, el ejecutivo eligió dos caminos principales: emitir obligaciones negociables con tasas interesantes ante la imposibilidad de comprar dólares – aunque por debajo de la inflación real – y recomposición real de los precios.

Desde abril del año pasado, cuando la Secretaría de Comercio Interior implementó la Resolución 35, por ese entonces al mando de Guillermo Moreno, los combustibles continuaron la disparada, estimada en un 40 por ciento anual, según relevaron desde la organización Consumidores Libres. Disconforme con esta política que en definitiva aplica el Gobierno Nacional, su titular, Héctor Polino, adelanta que enviará una nota a la Secretaría de Energía que dirige Daniel Cameron, “manifestando la preocupación por este nuevo tarifazo”.

“Este nuevo aumento va a influir en la estructura de costos de todos los productos de la economía que se transportan a través del camión y en un país donde el 90 por ciento del transporte de carga se hace por este medio la incidencia sobre el proceso inflacionario es muy alta”, sostiene. El pedido concreto, puntualiza Polino, es que “se dé marcha atrás con los ajustes de los combustibles y que se regule el mercado”.

Sin vacilar, Polino cargó contra la gestión actual de YPF: “es un hecho insólito en el mundo que la empresa petrolera estatal contribuya a impulsar los costos hacia arriba, sobre todo teniendo en cuenta que concentra el 55 por ciento del mercado, en lugar de intentar contenerlos”. Y se pregunta: “¿Para qué queremos una empresa estatal si no es capaz de regular los precios?”

Estos temas serán desarrollados en la nota con destino a la cartera energética. Por lo pronto, la primera medida que se solicitará es que intervenga en la actividad a los fines de proteger los intereses de los consumidores, hoy afectados por los importantes costos que presenta el transporte: el litro de nafta súper excede en todo el país – salvo Capital Federal – los 10 pesos.