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Aún no se resolvió en la justicia una causa por inconstitucionalidad que abrió la cámara de expendedores de Chaco que cuestiona el cobro de los controles, sosteniendo que la ley establece que deben ser gratuitos. Recomiendan enviar carta documento al organismo rechazando el pago
Según informan desde la Cámara de Expendedores de Chaco (CECACH) la Verificación Periódica de los surtidores de combustibles líquidos que realiza anualmente el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en fecha propuesta por el operador se incrementó considerablemente respecto al último año. Lo mismo sucede cuando la estación acepta el día sugerido por el instituto.
Actualmente, las bocas de expendio que proponen una fecha para desarrollar la inspección abonan $200, que en comparación con 2011 representa un ajuste del 47 por ciento. No obstante, el experto en derecho energético y abogado de la entidad, Jorge Christiani, plantea que “cuando el INTI avisa por primera vez la visita para informar que tal día se hará el control a tal costo, aconsejo antes de recibir la visita enviar una carta documento rechazando el arancelamiento del control”.
El especialista sostiene que “la ley afirma que la inspección es gratuita”, además de que viola el principio de legalidad en tanto que no se apoya en ninguna normativa la fijación de su cuantía. Al menos esta es su postura hasta que se resuelva en la justicia el expediente 2299/04, caratulado “CECACH C/SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA S/ACCION DECLARATIVA” (INTI-Arancel a Surtidores) que cuestiona la exigencia económica.
Christiani aclara que si bien la cámara empresaria ha iniciado el reclamo en nombre y representación de las estaciones de Resistencia exclusivamente – con las limitaciones que el caso provoca, ya que CECACH no es titular de estaciones de servicio -nada impide que algún local en particular, cualquiera sea su ubicación geográfica, pueda accionar sobre la base de los mismos argumentos.
En la actualidad señala que no existe medida cautelar vigente, aunque continúa en trámite la acción de inconstitucionalidad iniciada por la entidad ante el juzgado federal de Resistencia. “Podría tener sentencia este año”, estima Christiani, considerando que ya se aportaron las pruebas suficientes.
Desde el punto de vista administrativo, el especialista explica que no existe otro camino para cuestionar el cobro de la fiscalización de los surtidores, más allá de la carta documento. Solo resta esperar la resolución de la justicia o que alguna empresa en forma individual inicie una nueva acción legal.
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