¿Quién se hace cargo de las pérdidas que sufrieron las estaciones durante el tope a los precios de los combustibles?

Las bocas de expendio que funcionan en reventa, es decir, aquellas que compran el combustible a su proveedor de bandera y tienen libertad para ajustar el margen de ganancia, se vieron perjudicadas económicamente por el tope a los precios que dictó el Gobierno en abril pasado, debido a que sólo se reguló el importe en surtidor, dejando a los eslabones intermedios de la cadena de comercialización que actualicen sus costos conforme a las condiciones de mercado, lo que terminó absorbiendo parte de su bonificación.

Esta complicación para los comercios minoristas – que el propio Guillermo Moreno admitió desconocer en un encuentro con representantes del sector –  llevó a que los establecimientos perdieran hasta un 15 por ciento del margen de ganancia, una vez que alcanzaron  el máximo permitido para la región, aproximadamente en septiembre.

Si bien la Secretaría de Comercio Interior prometió revisar esta metodología luego del 25 de noviembre, cuando venza el congelamiento, para Manuel García, el titular de la Asociación de Estaciones de Servicio Independientes (AESI) es imprescindible evaluar alternativas que permitan recuperar el dinero perdido desde su entrada en vigencia. “El Gobierno o las petroleras se tienen que hacer cargo del daño que produjeron”, plantea.

Este punto propone debatirlo en la audiencia multisectorial que se desarrollará durante este mes en conjunto entre todas las cámaras de la actividad, las compañías de bandera y el personal. “Se tiene que buscar alguna solución porque la situación de las pequeñas empresas es terminal y no podemos seguir perdiendo rentabilidad”, sostiene García.

Carlos Acuña, Secretario General de la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (FOESGRA) invitó personalmente al dirigente a participar del encuentro, convencido que los expendedores sin bandera deben tener su voz en las decisiones del rubro. “Vamos a participar con mucho gusto”, anticipó García. En su opinión “es la oportunidad para evaluar medidas de fuerza por tiempo indeterminado”.