Las bocas de expendio de naftas y gasoil están obligadas a contratar un Seguro de Caución por Riesgo de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva de acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional y en la Ley General de Ambiente. En sus textos se expresa la obligación de garantizar la reparación de los bienes de uso colectivo, como el suelo y el agua, en caso de haber producido algún daño accidental.

Algunos dirigentes de la actividad entienden que este tipo de pólizas no es la mejor alternativa para enfrentar el problema. Tomás Abdala, presidente de la Cámara de Expendedores de Santiago del Estero asegura que “los estacioneros no están de acuerdo porque simplemente sirven para cumplir con la legislación”. Sostiene que a pesar de que significan un costo “exorbitante” para el operador, igual el comercio tendrá que hacerse cargo de la remediación.

Dadas las circunstancias, Abdala sugiere aplicar otro tipo de garantía, aunque sea algo más onerosa, que tenga entre sus obligaciones la reparación de las afecciones a la naturaleza. “El seguro de caución asegura que la boca de expendio es solvente en caso de tener que remediar pero no aporta económicamente a la solución”, crítica.

Por eso, el empresario destaca que “estamos trabajando de manera conjunta con la Confederación de Expendedores a los efectos de ver si en la ley de comercialización se puede agregar algún concepto para estos temas donde se defina claramente la responsabilidad del estacionero y los instrumentos que podemos utilizar”. La propuesta es generar un fondo que se encargue del resarcimiento.

Sin embargo, los proyectos de ley que regulan la venta minorista de los combustibles descansan en el parlamento desde hace varios años y prácticamente no hay expectativas de que sean tratados en el recinto en lo inmediato. Algunos de los candidatos se muestren abiertos a discutirlos una vez que asuman en sus funciones pero todavía el oficialismo conserva la mayoría como para frenar iniciativas con estas características.