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Así como la 125 terminó uniendo productores agropecuarios que históricamente se vieron enfrentados, el tope a los precios de los combustibles genera tanto malestar en el sector que las estaciones de servicio se proponen reclamar en unidad: blancos y de todas las marcas. En este contexto no se descartan medidas de fuerza
En 2008 el Gobierno Nacional enfrentó la peor batalla desde su arribo al poder luego de anunciar un aumento de las retenciones a las exportaciones de soja. En esa oportunidad, chacareros de variadas condiciones económicas se autoproclamaron “el campo”, denominación que logró extenderse hasta nuestros días a pesar de que en su interior conviven intereses contrapuestos.
Lo mismo podría ocurrir con las bocas de expendio como consecuencia del congelamiento a las naftas que estiró la Secretaría de Comercio Interior por 45 días más. Locales de YPF, sin bandera, de Shell, Oil Combustibles, Petrobrás y Axion Energy se resisten a perder rentabilidad ante un contexto financiero que ya de por sí les es hostil.
“Llegado al caso vamos a ir al paro”, asegura Oscar Díaz, presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA). Advierte que “si hay consenso” entre los operadores una posibilidad es decretar medidas de fuerza para exigir la liberación de los precios, sin importar el contexto electoral.
En esta posición estarían empresarios de todas las banderas, ya que directa o indirectamente se ven afectados. Los que funcionan en reventa porque los proveedores continúan subiendo los costos a pesar de que rige un límite en el surtidor, al igual que ocurre con los blancos, mientras que los de YPF debido a que profundizan el retraso de los márgenes de ganancia.
Díaz admite no entender la decisión de la Secretaría de Comercio. “Cuando hay producto el precio se mantiene estable, suben cuando falta combustible”, sostiene. En el actual contexto de mercado considera que “es totalmente innecesario” regular las pizarras.
Mientras tanto, los dirigentes de CECHA se encontrarán el martes próximo en la sede de Capital Federal para analizar los pasos a seguir. Presentar una medida cautelar, decretar un paro de actividades en conjunto con los empleados, reclamar por la vía del diálogo o desestimar el tope en la práctica, son algunas de las acciones que se van a evaluar.
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