Ley de comercialización de combustibles: expendedores presentaron su propuesta a Martín Redrado

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) llevó adelante ayer una reunión de consejo directivo para tratar un abanico de problemáticas que aquejan a las estaciones de servicio: control de precios, márgenes acotados, avance de las petroleras en el mercado minorista y resarcimiento por la contaminación de los recursos naturales, entre otras cuestiones.

Cabe destacar la presencia de Martín Redrado, uno de los hombres que eligió Sergio Massa – el candidato por el Frente Renovador que logró vencer al oficialismo en la Provincia de Buenos Aires – para formar parte de su equipo económico en esta nueva etapa.

Alejandro Martorell, Vicepresidente de CECHA cuenta que “con Redrado hablamos exclusivamente de la ley de comercialización”. Destaca que “se mostró interesado en la propuesta” luego de conversar con los operadores de gran parte del país que se acercaron hasta la Capital Federal para estar presentes. “Fue una reunión positiva”, reconoce.

Además, el empresario indicó que al ex Presidente del Banco Central “se le presentó un resumen con datos y estadísticas de lo que viene sucediendo en el sector, sobre el cierre de estaciones, cuestiones de la rentabilidad y también le entregamos una carpeta con nuestras ideas acerca de cómo deberían resolverse algunos de los problemas”.

Todas las propuestas de CECHA terminan apuntando a la implementación de un nuevo marco jurídico. Con respecto al resarcimiento de los pasivos ambientales Martorell señaló que “estuvimos analizando la posibilidad de que la ley de comercialización los contemple”. Se discutió entre todos los expendedores presentes y apareció esta idea como una de las posibles soluciones.

Otro punto que mantiene preocupados a los estacioneros tiene que ver con el descargo del impuesto al cheque. Desde hace dos años la petrolera YPF dejó de abonar el tributo y obligó a los operadores a responder frente al fisco, medida que para los empresarios significó una caída de la bonificación del 17 por ciento, lo que se traduce en un aporte al Estado de como mínimo $20.000 mensuales.