Estacioneros de Córdoba se quejan por los gastos que genera la tasa vial

La Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (FECAC) presentó un petitorio a la Secretaría de Ingresos Públicos de la Provincia con el objetivo de encontrar soluciones en conjunto a los costos financieros que agregó al negocio la implementación de la tasa vial.

La normativa obliga a las bocas de expendio a actuar como agentes de retención, por lo que deben cobrar el tributo a los consumidores y luego depositarlo en los bancos autorizados por el Gobierno Provincial. Pablo Bornoroni, titular de FECAC explica que “estas transacciones hacen que el operador tenga que hacerse cargo del 1,2 por ciento del impuesto al cheque”.

Además asegura el dirigente que el gravamen ha generado serias inequidades y desequilibrios respecto de aquellos asociados expendedores  o distribuidores de combustibles de regiones fronterizas con otras provincias donde no se cobra la mencionada “Tasa”. La diferencia de costos entre regiones hace que los empresarios de Córdoba pierdan ventas y clientes.

Asimismo, desde la entidad aclaran que el dinero recaudado genera a su vez un riesgo importante para la estación, ya que ante una ocasión de robo deberá responder con fondos propios. Llevar el dinero en efectivo al banco no parece una opción en el actual contexto de inseguridad.

En resumen, Bornoroni puntualiza los pedidos: “que se nos reconozca el dos por ciento de lo recaudado como tasa vial a cuenta del Impuesto a los Ingresos Brutos Provinciales” y que se modifique el régimen de ingreso pasando de tres decenas a dos quincenas mensuales.

Para evitar más gastos de honorarios en profesionales especializados, FECAC también reclama que se limite la presentación de las Declaraciones juradas informativas mensuales (DGR RG 68/2013) a aquellos casos en que no se haya liquidado e ingresado la Tasa Vial provincial en las respectivas ventas. “Tenemos que hacer declaraciones juradas para indicar la cantidad de litros despachados, a pesar de que el Estado de la provincia controla con los datos que aportan las petroleras y la Secretaría de Energía”, sostiene Bornoroni.