Las provincias apoyan la realización de medidas de fuerza en defensa de los puestos de trabajo

De acuerdo a datos de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) el año pasado 183 bocas de expendio bajaron las persianas debido a problemas de rentabilidad. A pesar de los reclamos que vienen realizando las cámaras empresarias del rubro, ni las autoridades ni las petroleras realizaron algún tipo de propuesta que apunte a impedir que esta tendencia se siga profundizando.   

Tan sólo en 2012, los referentes del sector estiman que en total se perdieron 1800 empleos, haciendo un promedio de 10 trabajadores por puesto de venta. Para este año, se espera otro tanto. Según datos del sector durante la última década la cantidad de personas que quedaron sin trabajo alcanza a 45.000.

En este marco es que la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (FOESGRA) plantea salir a las calles para protestar contra el cierre de establecimientos. Tal es así que el próximo martes la entidad reunirá al consejo directivo para evaluar la posibilidad de convocar a un congreso nacional a los fines de que todas las provincias puedan dar su visión frente al tema.

Avalando esta postura, el secretario General del Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Santa Fe, Ismael Marcón, adelantó a surtidores.com.ar que “nosotros sin dudas vamos a estar acompañando a la Federación que ante cualquier planteo que sea en defensa de los puestos de trabajo”.

En su opinión, tomar medidas de fuerza “es la única alternativa que tenemos para reclamar” por la situación del personal. En otras oportunidades apostaron al dialogo con el Ministerio de Planificación Federal y no obtuvieron respuestas favorables. En este caso, Marcón aclara no haber tenido conversaciones con dirigentes de otros sindicatos.

No obstante, ante este contexto adverso, es de suponer que el grueso de los gremios provinciales se sume a las jornadas de protestas. Serían en agosto o septiembre, justo cuando el calendario electoral está al rojo vivo y las autoridades se preocupan por evitar el malestar social.