Buscan suspender los impuestos a los combustibles para aliviar precios y reanimar el consumo

En medio del debate por el precio de los combustibles, un proyecto de ley busca desactivar temporalmente la carga impositiva que pesa sobre las naftas y gasoil (ver al pie de la nota). La iniciativa plantea dejar sin efecto hasta el 30 de junio de 2026 los montos establecidos en la Ley 23.966, con la posibilidad de prorrogar la medida según la evolución de la cotización internacional del petróleo.

Su impulsora, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, defendió la propuesta y puso el acento en el efecto inmediato que tendría sobre el consumo. “La estructura impositiva sobre los combustibles se volvió cada vez más determinante en el precio final que pagan los argentinos. Hoy estamos hablando de tributos que explican una porción significativa del valor del litro, lo que termina afectando el poder adquisitivo”, afirmó en diálogo con Surtidores.

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Para el sector estacionero, la eventual aplicación de esta medida abriría un escenario de mayor movimiento en los surtidores, en un contexto marcado por la caída del consumo. La reducción estimada ronda los 350 pesos por litro, lo que implicaría un alivio inmediato para los usuarios y podría traducirse en un repunte de la demanda, especialmente en regiones del interior donde los precios son más elevados que en el AMBA .

En línea con ese diagnóstico, uno de los firmantes del proyecto, el diputado nacional Pablo Todero, vinculó la iniciativa con la realidad concreta de las Estaciones de Servicio. “Una baja en el precio en surtidor de esta magnitud puede traducirse rápidamente en mayor volumen de ventas. Para muchas estaciones, especialmente en el interior, eso significa recuperar parte de la actividad perdida en los últimos meses”, sostuvo en declaraciones a este medio.

“La propuesta busca generar un alivio inmediato frente a un escenario internacional adverso”, agregó Tolosa Paz, al tiempo que vinculó la iniciativa con la suba del crudo a nivel global. “La volatilidad del precio del petróleo, agravada por conflictos geopolíticos recientes, está presionando sobre los costos de la energía. Frente a eso, el Estado tiene herramientas para amortiguar el impacto en la economía cotidiana”, sostuvo.

Sin embargo, a nivel operativo, la iniciativa también introduce interrogantes. Sobre este punto, Todero advirtió que “la volatilidad en los precios y la dependencia de decisiones fiscales transitorias generan dificultades para la planificación de las Estaciones de Servicio, que deben ajustar márgenes, stock y estrategias comerciales en función de cambios que no siempre responden a variables del mercado”.

Otro aspecto que genera debate es el destino de los fondos que dejarían de recaudarse. Actualmente, el impuesto a los combustibles tiene asignaciones específicas que financian áreas como vivienda, infraestructura y seguridad social. El proyecto contempla que el Poder Ejecutivo realice reasignaciones presupuestarias para cubrir esos recursos, aunque no detalla el mecanismo concreto.

Al respecto, Tolosa Paz también planteó reparos. “Existe una asignación específica por ley para estos impuestos, destinada a vivienda, infraestructura y seguridad social. Sin embargo, hoy esos recursos no están siendo distribuidos como corresponde, lo que también amerita una revisión integral del esquema”, advirtió.

Para las Estaciones de Servicio, esto no es menor y también fue resaltado por Todero. “La estructura impositiva forma parte del precio final, pero también del equilibrio del sistema energético y del financiamiento de obras vinculadas al transporte. Cualquier modificación en este esquema repercute en toda la cadena de valor del sector”, explicó.

El detrás del surtidor: cuánto pesa realmente el impuesto en el precio de la nafta

Un estudio del IARAF muestra que en los últimos cuatro meses la nafta súper aumentó 7 por ciento en términos reales, pero casi la totalidad del incremento se explica por la suba del precio neto. Medido en dólares, el valor cayó 3 por ciento en el mismo período.

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En paralelo, el texto advierte sobre el fuerte incremento en la recaudación del impuesto a la transferencia de combustibles, que en marzo de 2026 creció un 78,8 por ciento interanual, muy por encima del promedio tributario. Este dato refuerza la idea de que la presión fiscal sobre los combustibles se convirtió en un factor determinante en la formación de precios.

“La medida es concreta, temporal y adaptable a la evolución del contexto internacional. El objetivo es claro: proteger a los consumidores, sostener la actividad económica y evitar que la carga fiscal profundice la caída del consumo”, coincidieron los legisladores.