El Gobierno confirmó la postergación de los impuestos a los combustibles para evitar más aumentos en los surtidores

A través del Decreto 217/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo modificó el cronograma previsto en la normativa anterior y trasladó al 1° de mayo la entrada en vigencia de los aumentos pendientes correspondientes al Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Impuesto al Dióxido de Carbono.

La medida implica una nueva prórroga sobre ajustes que ya venían siendo diferidos desde 2024 y 2025, en el marco de una política que busca evitar un traslado pleno de la carga tributaria al precio final de las naftas y el gasoil. El decreto modifica puntualmente el esquema establecido por el Decreto 617/2025, extendiendo los plazos que originalmente contemplaban la aplicación parcial de estos incrementos desde abril.

El sistema impositivo vigente establece que los montos fijos de estos tributos deben actualizarse de manera trimestral, en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor. Sin embargo, en la práctica, la aplicación de esas actualizaciones fue sistemáticamente postergada, generando un atraso significativo en términos reales.

ENTRE LA NECESIDAD FISCAL Y EL IMPACTO EN PRECIOS

La decisión oficial se inscribe en un contexto particularmente delicado. Por un lado, el Estado necesita sostener la recaudación en un esquema fiscal exigente. Por otro, enfrenta el desafío de evitar que una actualización plena de los impuestos derive en un nuevo salto en los precios en el surtidor, en momentos en que el costo internacional del petróleo viene registrando fuertes subas.

De acuerdo al análisis económico del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el valor real del impuesto a los combustibles experimentó un fuerte deterioro desde 2021. Tras haberse mantenido relativamente estable desde 2018 -cuando rondaba los $570 por litro a valores actuales-, la falta de actualización en un contexto de alta inflación provocó una caída abrupta. El punto más bajo se registró en enero de 2024, cuando el tributo equivalía a apenas $72 por litro en términos reales, lo que implicó una pérdida cercana al 88 por ciento respecto del nivel inicial.

A partir de febrero de ese año comenzaron a implementarse recomposiciones parciales, que permitieron recuperar parte del terreno perdido. Actualmente, el impuesto se ubica en torno a los $367 por litro, lo que representa una mejora respecto de los mínimos recientes, pero aún se mantiene un 38 por ciento por debajo del nivel real que tenía en 2018.

Este atraso impositivo ha funcionado, en los hechos, como un amortiguador del precio final durante los últimos años. Sin embargo, el escenario cambió drásticamente en los primeros meses de 2026, cuando el mercado internacional del petróleo comenzó a reflejar el impacto del  conflicto bélico en Medio Oriente.

El resultado fue una suba significativa en el precio de los combustibles a nivel local. En términos reales, el litro de nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires pasó de $1.657 en febrero a más de $2.000, lo que implica un incremento del 24 por ciento en apenas un mes.

Un análisis contrafáctico permite dimensionar el impacto potencial de una actualización plena de los tributos. Si el impuesto hubiera mantenido constante su valor real desde 2018, el precio actual de la nafta sería aproximadamente un 11 por ciento más elevado que el vigente. En ese sentido, la decisión de diferir los incrementos aparece como un intento de evitar una presión adicional sobre los consumidores en un momento de alta sensibilidad económica.

No obstante, esta estrategia también tiene costos. El impuesto a los combustibles es una fuente relevante de ingresos fiscales y, además, forma parte de la masa coparticipable que se distribuye entre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. En febrero de 2026, este tributo representó el 3,3 por ciento de la recaudación nacional.

El impacto en el poder adquisitivo es otro de los factores que condicionan la política oficial. La capacidad de compra de nafta por parte de los asalariados registrados mostró una evolución muy volátil en los últimos años, en gran medida influida por los cambios en el precio relativo del combustible.

Tras un período de mejora entre 2021 y 2023 -cuando el precio real de la nafta cayó y los ingresos no acompañaron en la misma magnitud-, la situación se revirtió a partir de 2024. Según el IARAF, entre febrero y marzo de 2026, la capacidad de compra cayó un 17 por ciento, afectada por el salto en el precio del combustible. Si se compara con junio de 2025, la caída asciende al 27 por ciento, mientras que frente a noviembre de 2023 el retroceso alcanza el 48 por ciento. Incluso en relación con marzo de 2018, el poder adquisitivo medido en litros de nafta muestra una baja del 18 por ciento.