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Jueves, 18 de diciembre 2025
Oposición absoluta
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Carlos Acuña (h), secretario general adjunto del gremio del sector, cuestionó duramente el proyecto que impulsa el Gobierno nacional y aseguró que la iniciativa es “totalmente regresiva”, precariza el empleo formal y atenta contra los convenios colectivos, la organización sindical y la seguridad laboral.
El proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional encontró un rechazo frontal por parte del sindicato de empleados de Estaciones de Servicio. Así lo expresó Carlos Acuña (h), secretario general adjunto del gremio, quien sostuvo que la iniciativa “no tiene absolutamente nada a favor de los trabajadores” y representa un retroceso histórico en materia de derechos laborales.
Desde la mirada sindical, la oposición es absoluta. Acuña afirmó que el proyecto no fue pensado para mejorar la situación del empleo ni para combatir la informalidad, sino para flexibilizar las condiciones de trabajo de quienes hoy están registrados y con derechos. “Es una reforma regresiva que nivela para abajo. Precariza al trabajador que hoy tiene empleo en blanco y no genera ningún incentivo real para crear nuevos puestos de trabajo”, aseguró en diálogo con Surtidores.
Entre los puntos más críticos, el dirigente mencionó la incorporación del llamado Banco de Horas, un esquema que permitiría extender la jornada laboral sin el pago de horas extras y sin establecer con claridad cuándo ni cómo se compensarían esas horas trabajadas de más. “Es trabajar más sin cobrar, y sin garantías de recuperación del tiempo”, advirtió. A esto se suma la modificación del régimen indemnizatorio, que plantea una reducción del cálculo de la indemnización por despido sin causa, excluyendo conceptos como aguinaldo u horas extras, y su pago en hasta 12 cuotas, financiadas con fondos que hoy pertenecen al sistema previsional. “Se pretende pagar despidos con la plata de los jubilados y de nuestras futuras jubilaciones”, cuestionó.
El proyecto también habilita el fraccionamiento de las vacaciones, otra medida que el sindicato considera lesiva para la salud física y mental de los trabajadores. Pero uno de los aspectos que genera mayor alarma es la limitación al derecho de huelga. Según explicó Acuña, la iniciativa establece que el 75 por ciento del personal de una estación debe garantizar la prestación del servicio, lo que en la práctica anula cualquier medida de fuerza. “Si en un turno hay tres playeros, dos no podrían parar y el tercero solo podría hacer paro simbólicamente. Es un ataque directo a un derecho constitucional”, afirmó.
En la misma línea, el proyecto prohíbe la realización de asambleas sin autorización previa de la empresa, lo que, a criterio del gremio, cercena la libertad sindical y el derecho a la organización colectiva. “Apunta a debilitar y fundir a las instituciones de los trabajadores. Sin sindicato no hay quien controle el cumplimiento de los derechos, y sin obra social no hay salud”, alertó.
Otro punto que genera fuerte preocupación en el gremio está vinculado a las licencias por enfermedad. Acuña advirtió que la legislación vigente no solo protege el puesto de trabajo, sino también el salario y la categoría que el trabajador tenía antes de enfermarse. En ese sentido, señaló que el proyecto implicaría un castigo adicional para quien atraviesa una situación de salud adversa.
Acuña también cuestionó que la reforma habilite a las empresas a no firmar convenios colectivos o a establecer convenios propios por debajo del Convenio Colectivo de Trabajo de la actividad, tanto en materia salarial como en condiciones laborales. “Hoy la ley lo prohíbe. Esto abre la puerta a una precarización total y rompe el equilibrio que deben garantizar la ley y los convenios frente a una relación que siempre es desigual y favorable al empleador”, sostuvo.
Desde el sindicato remarcan que ninguna reforma laboral previa logró generar más empleo, y menos aún en un escenario de caída del consumo y de la producción. “El problema no es el trabajador ni sus derechos. El problema es un modelo económico que va en contra de la creación de empleo”, señaló el dirigente.
Consultado sobre si existirían puntos discutibles o consensuables, Acuña fue categórico: “Ojalá nos llamaran a debatir. Pero si quieren aprobar la ley en una semana es porque no quieren discutir ni convocar a nadie”. En ese contexto, aseguró que no hubo instancias formales de diálogo con el Gobierno nacional y que las cámaras empresarias conocen de antemano la postura del gremio.
Como alternativa, el SOESGyPE propone avanzar en proyectos que declaren insalubre la actividad de las Estaciones de Servicio. Según explicó, esto permitiría otorgar más tiempo de descanso a los trabajadores y, al mismo tiempo, incorporar al menos un 25 por ciento más de personal, generando miles de nuevos empleos registrados y con derechos.
Acuña también cuestionó declaraciones de funcionarios nacionales que reconocieron que la reforma afectaría derechos adquiridos. “Las leyes no pueden ser retroactivas. Para nosotros eso es innegociable y no lo vamos a permitir”, afirmó. Asimismo, denunció que existen medidas orientadas a reemplazar al personal por sistemas de autoservicio, sin considerar los riesgos en materia de seguridad. “Pretenden convertir a los playeros en tablets o surtidores automáticos, transformando a los clientes en trabajadores sin ningún tipo de control”, advirtió.
Finalmente, el dirigente anticipó que, ante la falta de diálogo, el sindicato avanzará con medidas de protesta. “Vamos a marchar a Plaza de Mayo para repudiar este proyecto que atenta contra los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Si se aprueba sin modificaciones, iremos a la Justicia porque es inconstitucional. Las leyes deben ser siempre progresivas, nunca regresivas”, concluyó.
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