Cruce político por los precios del combustible y el rol de las Estaciones de Servicio

En una discusión que promete seguir escalando, las Estaciones de Servicio quedaron nuevamente en el centro del debate. Para un sector que convive entre la presión impositiva, la volatilidad del mercado y la necesidad de previsibilidad, el desenlace legislativo de esta pulseada podría marcar el rumbo de los próximos meses.

El debate surgió cuando un grupo de legisladores del massismo cuestionó al jefe comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela por respaldar la decisión del Ejecutivo nacional de eliminar el preaviso obligatorio en los aumentos. Desde ese sector lo acusaron de “justificar incrementos sin brindar información clara” y de “ocultar errores propios” mientras se afecta directamente a quienes dependen del precio del combustible.

Diputados buscan reinstalar la obligación de informar precios de los combustibles

Legisladores de la oposición en la Comisión de Energía impulsan su regreso, pero la desregulación impuesta en la Ley Bases se erige como el mayor obstáculo. Buscan saldar la polémica entre estacioneros y consumidores frente a la volatilidad diaria del mercado.

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En declaraciones a Surtidores, Valenzuela contragolpeó con dureza y puso la mira en lo que definió como una embestida del kirchnerismo y el massismo. “Son los mismos que hicieron el plan platita y que controlaban los precios en las góndolas con los militantes. Los argentinos votaron un cambio hacia la libertad y la economía de mercado. No queremos nuevas regulaciones”, aseguró.

El intendente también se posicionó como uno de los principales defensores de las Estaciones de Servicio PyMEs, anticipando que llevará esta discusión al ámbito parlamentario bonaerense. “Vamos a profundizar el debate en la Legislatura para que el sistema funcione con libertad. Cuando funciona con libertad, funciona mejor. Los estacioneros saben hacer su trabajo”, afirmó.

Incluso fue más allá al plantear un giro dentro de la política provincial: “Desde La Libertad Avanza estamos promoviendo que, como sucede en Mendoza, se pueda autorizar el autoservicio de combustible en Buenos Aires. Es una opción más para los consumidores y abarata el precio del combustible”, sostuvo.

El contrapunto creció luego de que la diputada bonaerense reelecta Ayelén Rasquetti, autora del proyecto que exige a las expendedoras anunciar las subas con 72 horas de anticipación, acusara una “doble vara” del oficialismo nacional. “¿De qué transparencia hablan? Preocúpense por explicar sus contrataciones, el negocio de Libra, el 3 por ciento de Karina Milei y dejen de correr la discusión para beneficiar a los poderosos”, lanzó, en un mensaje que tensó aún más la disputa.

En esa línea, la senadora provincial Sofía Vannelli argumentó que el aviso previo “no afecta la competencia ni las ventas” sino que “protege a consumidores y usuarios en un mercado sensible”. “Avisar permite prever gastos, cargar antes y evitar abusos en las rutas. ¿De qué lado están? ¿Del lado de la gente o del lado de los vivos?”, remarcó.

A las críticas se sumaron las voces de la diputada nacional Jimena López, quien señaló que la defensa de Valenzuela “ignora la falta de inversión en infraestructura energética”, y de la concejal Jimena Bondaruk, que acusó al libertarismo de sostener una “ficción de libertad” si no hay información pública clara y accesible.

Esta semana se debatirá el proyecto que obliga a informar los aumentos de combustibles

Su impulsora, la diputada provincial del Frente Renovador, Ayelén Rasquetti, afirmó a este medio que la medida “no busca perjudicar a las empresas, sino ordenar el mercado”.

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Pero Valenzuela volvió a plantarse. “Desde La Libertad Avanza decimos NO a controlar los precios de los combustibles. El proyecto de Massa (Rasquetti) vuelve a recetas viejas que ya fracasaron. Más burocracia, preavisos y restricciones absurdas sólo generan menos inversión, menos competencia y desabastecimiento”, afirmó. Y agregó que las estaciones “ya informan precios y reportan datos” dentro de un sistema “transparente y libre”.

El proyecto del Frente Renovador, aprobado en comisión y respaldado por sectores de defensa del consumidor, obliga a las petroleras a comunicar aumentos con 72 horas de anticipación y a las estaciones con 48 horas, bajo un régimen de multas y sanciones. No obstante, desde las cámaras empresarias y entidades industriales advirtieron sobre el riesgo de distorsiones, problemas operativos y eventuales faltantes de producto.

Para Valenzuela, ese es precisamente el camino que la provincia debe evitar. “Ojalá podamos también retirar las tasas viales que se cobran en muchos municipios y que aumentan la carga tributaria de quienes trabajan. El kirchnerismo y el massismo siempre buscan regular y distorsionar el sistema de precios. Una vez más quieren meter mano en el mercado de los combustibles”, insistió.