Expendedores se oponen a controlar que las motos tengan patente

El proyecto, que está despertando un fuerte debate en el sector expendedor, se presentó la semana pasada en el Concejo Deliberante de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, con el objetivo de frenar los hechos delictivos, atento a que el 90 por ciento de los delitos se realizan mediante el uso de motos.

Martín Gini, un abogado de dicha ciudad que presentó la idea, explica que “con esto no hay nada por fuera de la ley, porque circular en moto con casco y tener la chapa patente surge de la Ley Nacional de Tránsito y la Provincia está adherida a esa ley nacional”.

Marcelo Herrero, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio, Garages y Afines de Rosario (CESGAR) se mostró reticente a implementar esta modalidad para combatir la inseguridad. Manifestó de ante mano que “estamos en desacuerdo en que las estaciones tengan que actuar en papel de policía”.

Anticipándose a los problemas que puede sufrir el personal a la hora de impedir la venta de nafta a un motoquero, señaló que “bajo ningún punto de vista vamos a apoyar un proyecto que quede en cabeza de nuestros empleados”.

Considera que “es un asunto que le corresponde resolver a la Municipalidad, a través de las dependencias de tránsito y la policía” y no a los expendedores de combustible, quienes ya de por sí atraviesan otro tipo de inconvenientes. “Queremos evitar problemas”, añadió.

De acuerdo a lo que establece el texto, las estaciones de servicio que no cumplan con la ordenanza serían sancionadas con una multa, que hasta el momento no fue explicitada.

“El dinero que se recaude de las multas puede ir destinado a un fondo para la seguridad. No es la parte esencial de la ordenanza recaudar plata. Pero lo importante es que haya una verdadera colaboración de las estaciones de servicios en no abastecer de combustible a las motocicletas que no cumplan con los requisitos“, indicó el autor del proyecto.

Herrero no tardó en dar su visión ante este punto. “Las motos sin patentes las tiene que controlar el Estado y no el sector privado”, refutó. Además de oponerse a la aplicación de sanciones de cualquier tipo.