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La Justicia levantó la que pesaba sobre la refinería de Ricardo Elicabe de Petrobrás y de inmediato se reanudó la producción y el suministro. La medida lleva tranquilidad a los expendedores quienes reclamaban la reposición del abastecimiento
La Justicia levantó la clausura que pesaba sobre la refinería Ricardo Eliçabe ubicada en Bahía Blanca por supuesto incumplimiento del plan de seguridad – definido tras la muerte de un operario en la planta – y por presentar vencidos los certificados de descarga de efluentes gaseosos y de aptitud ambiental. Según informó la empresa, de inmediato se reanudó la producción y el suministro.
La medida lleva tranquilidad a los expendedores quienes reclamaban la reposición del abastecimiento. De acuerdo a lo informado por distintas entidades empresarias, en varias localidades del sur del país la situación se había tornado muy problemática por lo que solicitaron a la compañía que tome alguna medida para reemplazar el combustible.
Una de las alternativas que se analizaban para paliar el problema es que Petrobras le comprara a otra petrolera del mercado que esté en condiciones de suministrarle combustible para luego distribuir a sus locales de bandera. La que consideraban que podría llegar a un acuerdo era YPF, no sólo por su trascendencia en el mercado y el compromiso que mantiene, al ser estatal, con el abastecimiento general de naftas y gasoil, sino también por el hecho de que tiene una planta de procesamiento en Plaza Huincul, en Neuquén, a pocos kilómetros donde están instaladas el grueso de las bocas de expendio de la marca.
Petrobras precisó que “durante todo el proceso de renovación de los certificados informados el OPDS (Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible) actuó diligentemente, siendo constante el contacto con su personal y directivos a fin de proporcionar la información y atender las inspecciones y visitas que el organismo realizara“.
Fuentes de la compañía petrolera habían señalado anteriormente que la planta funcionó durante varios años con habilitaciones vencidas debido a “que la renovación por parte de la autoridad de aplicación –el OPDS– se demoró sin explicaciones”.
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