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Los productores advierten que si no se ajusta la fórmula oficial, se paralizará el corte obligatorio con gasoil y se agravará la dependencia del combustible importado. Alertan sobre posibles suspensiones, despidos y crisis de suministro si no se corrige el rumbo
Desde mediados de 2023, las plantas elaboradoras de biodiesel de todo el país vienen denunciando un desfasaje creciente entre el precio que fija la Secretaría de Energía para el corte obligatorio con gasoil y el que deberían percibir según la fórmula oficial. Esta situación no solo impactó en la rentabilidad de las empresas, sino que también encendió alertas en toda la cadena de abastecimiento de combustibles.
El biodiesel representa actualmente el 7,5 por ciento de la mezcla obligatoria que debe contener todo el gasoil vendido en Estaciones de Servicio, tal como lo establece la Ley 27.640. Este porcentaje permite sustituir importaciones de combustibles fósiles y generar empleo local. Sin embargo, si las plantas no pueden sostener la producción por trabajar a pérdida, el impacto será inmediato en los surtidores.

Las tres principales cámaras del sector —la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER) y la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA)—, enviaron esta semana una dura carta (ver al pie de la nota) a la secretaria de Energía, María Tettamanti, para exigir el cumplimiento de la Resolución 963/2023, que establece la metodología de fijación de precios. Según denunciaron, el Estado lleva más de un año incumpliendo esa normativa.
“Lamentablemente, la falta de actualización del precio del biodiesel está impactando negativamente en las empresas del sector”, declaró a surtidores.com.ar un dirigente de la industria del biodiesel. “Todas las plantas del país están operando a pérdida. Si no se corrige el rumbo, no vamos a poder seguir produciendo para el corte obligatorio. Eso implicaría que haya que importar más gasoil y que las Estaciones de Servicio tengan dificultades para abastecer la demanda”, agregó.
El documento remarca que las 25 plantas que operan actualmente acumulan un quebranto de 76 millones de dólares, producto de la brecha entre el precio fijado y el que resulta de aplicar la fórmula oficial. En algunos meses, esa diferencia superó ampliamente el margen de rentabilidad permitido, lo que obligó a las PyMES a producir en condiciones insostenibles.
A ese escenario se sumó en los últimos días la decisión del presidente Javier Milei de reducir los derechos de exportación del aceite de soja, principal insumo del biodiesel, del 31 por ciento al 24,5 por ciento. La medida encareció el precio de la materia prima en el mercado local, profundizando la crisis del sector.

“Durante el primer semestre del año pasado, bajo la gestión de Rodriguez Chirillo, la fórmula se respetaba y las plantas funcionaban. Desde la llegada de Tettamanti y del ministro coordinador Daniel González, se consolidó una política de transferencia hacia las petroleras en detrimento del biodiesel”, expresó otro representante del sector. “Un pequeño ajuste permitiría que las plantas vuelvan a ser rentables sin ningún impacto en los surtidores”, explicó.
Los empresarios advirtieron que, si el Estado no corrige de inmediato la metodología de fijación de precios, será directamente responsable de una crisis sectorial que podría derivar en suspensiones, despidos masivos y un mayor costo fiscal por la necesidad de importar más gasoil. “Es insólito que se castigue a la industria nacional que permite ahorrar divisas”, expresaron en la carta.
2025.07.29 Nota Secretaria de Energía_CEPREB-CASFER-CAPBA
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