El Gobierno crea un nuevo registro nacional de tanques aéreos y flexibiliza controles técnicos y ambientales

En línea con el proceso de desregulación impulsado por el Decreto 70/2023 y la reciente Ley de Bases, el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, aprobó este martes la Resolución 277/2025, que establece un nuevo marco regulatorio para los Tanques Aéreos de Almacenamiento de Hidrocarburos y Derivados del Petróleo (TAAH). La norma reemplaza la histórica Resolución 785/2005 y apunta a simplificar trámites, reducir costos operativos y modernizar las exigencias técnicas para las empresas del sector.

Uno de los puntos centrales de la resolución es la creación del Registro Nacional de Tanques Aéreos de Almacenamiento de Hidrocarburos y Derivados del Petróleo, que concentrará en un solo sistema la información de todos los operadores obligados a cumplir con la nueva normativa. El registro estará bajo la órbita de la Subsecretaría de Combustibles Líquidos.

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Solo quedarán alcanzados por este régimen los tanques con un volumen individual igual o superior al nuevo umbral mínimo que definirá la autoridad de aplicación, como una forma de focalizar los esfuerzos de fiscalización en instalaciones de mayor riesgo operativo o ambiental.

El nuevo esquema establece que los controles técnicos se ajustarán a estándares internacionales, específicamente al API 653 del Instituto Americano del Petróleo, considerado uno de los marcos más exigentes y prestigiosos a nivel global en materia de inspección de tanques de almacenamiento. Las auditorías ya no estarán a cargo de entidades locales registradas bajo la Resolución 414/2021, sino que serán realizadas por inspectores certificados internacionalmente en dicha norma.

En lugar de auditorías periódicas costosas y muchas veces redundantes, el sistema se basará en Declaraciones Juradas suscriptas por los operadores y técnicos habilitados, lo que representa un giro importante hacia la “autogestión técnica responsable” y una reducción sustancial de cargas burocráticas.

Otro cambio relevante es la eliminación de las auditorías ambientales obligatorias por parte de empresas certificadas a nivel nacional. A partir de ahora, el cumplimiento ambiental deberá ajustarse únicamente a las exigencias y regulaciones de las autoridades locales, en virtud del artículo 41 de la Constitución Nacional y de la doctrina del Máximo Tribunal que reconoce la competencia primaria de las provincias en la materia.

“Las tareas de control y evaluación de posibles daños al ambiente deberán ser juzgadas por las autoridades jurisdiccionales, que son quienes ejercen soberanía sobre el territorio y el entorno natural”, señala la resolución en sus considerandos.

A su vez, la normativa redefine las categorías de auditoría que pueden solicitar las empresas interesadas en registrarse, manteniendo una amplia gama de actividades divididas en áreas específicas como refinerías, plantas de procesamiento, terminales de GNL, Estaciones de Servicio, sistemas de medición e ingeniería ambiental.

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Con la entrada en vigencia de la Resolución 277/2025, quedan derogadas formalmente la Resolución 785/05 y varios incisos y subanexos de la Resolución 414/21. Aquellos operadores que actualmente tienen inspecciones técnicas en curso tendrán un plazo de seis meses para concluirlas y presentar los informes correspondientes. A partir de entonces, deberán adecuarse a la nueva normativa.

Desde el Gobierno explicaron que esta medida busca fortalecer la libertad operativa de las empresas, reducir los costos de cumplimiento normativo y facilitar la inversión en infraestructura energética, sin descuidar los principios de seguridad operativa y protección ambiental. “La idea es concentrar los esfuerzos del Estado en aquellos riesgos que realmente lo ameriten, con herramientas modernas y estándares internacionales”, sostuvieron fuentes de la Secretaría de Energía.