Continúan las negociaciones por el plus de fin de año

El Sindicato de Petroleros de Córdoba (SINPECOR) reclama a los titulares de las bocas de expendio un bono de 2.000 pesos para afrontar los gastos extras que se generan durante el mes de diciembre por festejar las fiestas de fin de año. El pedido fue notificado a la cámara empresaria semanas atrás pero no fue bien recibido por los dirigentes, por lo que continuará en discusión el próximo miércoles a las 3 de la tarde cuando las partes se encuentren nuevamente.

Mientras tanto, la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (FOESGRA) y la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) están muy cerca de cerrar un premio a nivel nacional de 750 pesos pagaderos en tres cuotas de 250 para los meses de enero, febrero y marzo. Este convenio será tomado como referencia por 14 distritos de todo el país.

Pablo Bornoroni, presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (FECAC) adelantó a surtidores.com.ar que en la próxima audiencia con el gremio va a proponer el mismo esquema que en el resto de las provincias. “No estamos en condiciones de pagar lo que pretende el sindicato”, lamenta el dirigente.

Este año las estaciones de servicio de Córdoba sufrieron las consecuencias de la aplicación de una tasa vial sobre los combustibles líquidos que según contó Bornoroni “llevó a disminuir las ventas hasta un 30 por ciento en los locales que están ubicados en el interior de la provincia, sobre el margen territorial”.

La diferencia de precios que se generó con sus competidores de localidades vecinas hizo que para las empresas de transporte y los productores agropecuarios sea más conveniente comprar gasoil a los distribuidores de otras zonas. Asimismo, los automovilistas recorren escasos kilómetros para llenar el tanque a un costo más bajo.

Lejos de estar de acuerdo con enfrentar un pago mayor al que aparentemente se acordaría a nivel nacional en los próximos días, considera que en base a los problemas de rentabilidad que generó la implementación del impuesto, “Córdoba tendría que pagar menos”.