Un fallo genera expectativas entre los estacioneros por la reducción de costos en juicios laborales

El fallo Levinas, que se origina en el caso “Ferrari, María Alicia c/ Levinas, Gabriel Isaías s/ incidente de incompetencia“, ratifica la autonomía de la Justicia porteña y redefine el esquema de apelaciones dentro de la Ciudad.

En términos prácticos, establece que el Superior Tribunal de Justicia de la CABA puede revisar decisiones de las cámaras nacionales, otorgando a las empresas la posibilidad de acceder a una revisión con criterios distintos, potencialmente más favorables.

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Con el impulso jurídico de la flexibilización de las leyes impulsada por el Gobierno nacional, el sector de Estaciones de Servicio ve la posibilidad que radica en que este nuevo criterio de actualización de deudas laborales pueda consolidarse y replicarse en otras jurisdicciones.

Aunque de momento el fallo aplica estrictamente a la Ciudad de Buenos Aires, su carácter de “leading case” podría sentar un precedente que influya en tribunales de otras provincias.

La desregulación impulsada por el decreto 70, potencia la idea de los empresarios del rubro que ven en esta resolución judicial una forma para mitigar el impacto de las indemnizaciones en juicios por despidos, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde los costos por actualización de deudas han sido históricamente elevados.

Al respecto, el abogado laboralista y asesor de Estaciones de Servicio Francisco Turzi, explicó a surtidores.com.ar que “a raíz del fallo Levinas y su doctrina, lo que se está generando, sobre todo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, es la posibilidad de que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad se convierta en una tercera instancia para las Cámaras Nacionales del Trabajo“.

Según el letrado, este cambio habilitaría un proceso superior que podría fallar con una tasa de actualización de los créditos laborales menor a la que han aplicado tradicionalmente las cámaras de Trabajo, un factor que podría aliviar la carga financiera de los empleadores.

Turzi destacó que el verdadero peso económico de los litigios laborales no radica en la normativa de empleo en sí, sino en la tasa de actualización que aplican los jueces. “No es que la ley laboral genere costos enormes. Lo que realmente encarece los juicios son los créditos laborales judiciales actualizados con tasas que han sido particularmente onerosas en la Ciudad de Buenos Aires“, sostuvo.

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A lo largo de los últimos años, las cámaras laborales han empleado índices como IPC más 3 por ciento o IPC más 6 por ciento, además de la tasa activa, pensada originalmente para el sistema financiero y no para litigios de empleo.

En el ámbito estacionero coinciden que se da actualmente un contexto propicio para esta discusión, ya que la implementación del “mega DNU”, facilitó las condiciones de contratación y despido en Argentina.

En este marco, los expendedores, que han enfrentado costos laborales crecientes y una carga impositiva en aumento, ven en el fallo Levinas una posible herramienta para aliviar el impacto financiero de los litigios laborales.