El reciente anuncio del Gobierno sobre nuevas líneas de financiamiento destinadas a fomentar la movilidad sostenible podría marcar un punto de inflexión en el despliegue de infraestructura para vehículos eléctricos en el país. Estas medidas buscan incentivar tanto a empresas como a usuarios para acelerar la adopción de tecnologías de bajas emisiones, incluyendo la instalación de puntos de carga en todo el territorio nacional.

En este contexto, Gustavo Salerno, gerente de Movilidad Eléctrica de SCAME Electrical Solutions, expresó su visión positiva respecto al impacto que podrían tener estas políticas, aunque señala ciertos desafíos que deben resolverse para asegurar un crecimiento sostenido de la red de cargadores eléctricos.

El Gobierno lanza una línea de financiamiento para fomentar el uso de combustibles sustentables

En diálogo con surtidores.com.ar, el ejecutivo comenta que, actualmente, “el 75 por ciento de las recargas se realizan en los hogares”. Sin embargo, destaca la importancia de contar con una red pública que permita mayor autonomía y flexibilidad a los usuarios de vehículos eléctricos.

De esta manera, SCAME ha avanzado en la instalación de puntos de recarga en varios distribuidores a lo largo del país, con presencia desde Comodoro Rivadavia hasta el NOA, lo que permite a los conductores acceder a estos cargadores en horario comercial de manera gratuita.

A pesar del optimismo por parte del sector privado, Salerno identifica barreras importantes para el desarrollo de la electromovilidad de manera masiva.

Una de las principales problemáticas que plantea es la falta de una regulación clara sobre el costo del kilowatt-hora para vehículos eléctricos.

Según explica, “hasta que el Estado no defina un precio estándar para la recarga en Estaciones de Servicio, las empresas no tendrán un marco claro para invertir“.

Actualmente, el proceso de carga en las estaciones no está vinculado directamente al costo por kilowatt, lo que genera incertidumbre tanto para los consumidores como para los potenciales inversores.

“Existen litigios entre provincias y la nación que dificultan la instalación de puntos de carga en estaciones de bandera nacional debido a la falta de potencia eléctrica adecuada“, señala Salerno.

SCAME APUESTA A UNA ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN

A pesar de estos desafíos, el gerente de SCAME ve grandes oportunidades en el sector, buscando aliados clave en la expansión de la infraestructura de recarga.

“Estamos dispuestos a invertir en un modelo 2×1: si el cliente compra 40 cargadores, nosotros aportamos otros 40”, asegura el referente, quien ve en esta propuesta una solución efectiva para cubrir zonas estratégicas del país.

Otra oportunidad de expansión se presenta en las Estaciones de Servicio de GNC, que cuentan con la potencia eléctrica necesaria debido al uso de compresores de gas.

Al respecto, el representante de SCAME sugiere que la reconversión de estos espacios para la carga eléctrica podría ser una vía efectiva para acelerar la transición energética. “Las estaciones de GNC pueden destinar un sector para cargar vehículos eléctricos, aprovechando la infraestructura ya existente”, destaca.

EL PARQUE AUTOMOTOR

En cuanto al mercado de los vehículos eléctricos, Salerno subraya que, actualmente, los incentivos fiscales, como la exención de patentes y peajes en algunas ciudades, están dirigidos mayormente a vehículos de alta gama.

“Sin embargo, para que la movilidad eléctrica sea accesible a un mayor número de personas, es necesario reducir el precio de los vehículos o generar incentivos más robustos, como la baja de impuestos o el acceso a líneas de financiamiento más accesibles”, aclara.

Con esta combinación de financiamiento estatal, inversión privada y colaboración público-privada, sumada a una regulación más clara, el ejecutivo confía en que la movilidad eléctrica puede despegar en Argentina, aunque recalca que todavía queda un largo camino por recorrer.