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En medio de la creciente polémica por la imposición del gravamen que aumenta el precio de los combustibles, los expendedores preparan nuevas acciones contra la obligación de cobrar este tributo y alertaron por quienes pretenden utilizar al sector para “réditos políticos”.
Mientras aguardan la definición de las autoridades nacionales que vienen rechazando que los municipios echen mano a los recursos de comercios privados para sostener gastos locales, la dirigencia estacionera, endureció su postura ante una arremetida legal que busca implicar a los empresarios PyMES en la responsabilidad de llevar adelante el impuesto reglamentado por los concejales de cada localidad.
En este caso, la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy, encabezada por Alfredo González, rechazó los argumentos de Alejandro Mur, un abogado que acusa a los estacioneros de quedarse con dinero del fisco al cobrar esta tasa. Según el denunciante, las Estaciones de Servicio retienen porcentaje del importe resultante como compensación, algo que la entidad consideró como “erróneo y distorsionado”.

En diálogo con surtidores.com.ar, el dirigente jujeño aclaró que, de acuerdo con la resolución del Concejo Deliberante, las Estaciones de Servicio en Jujuy solo perciben un 0,02 por ciento de la tasa vial para cubrir costos operativos como agentes de retención, una cantidad que, según él, es insuficiente para cubrir los gastos mínimos en un contexto donde las ventas están en descenso y el aumento extraordinario de los combustibles contribuye a la recesión del sector.
En ese marco de discusión, la Secretaría de Comercio de la Nación, parece respaldar la visión expendedora. En los próximos días, se espera la reglamentación de una resolución que prohibirá a los proveedores de bienes y servicios, como las bocas de expendio, cobrar valores monetarios que no estén relacionados directamente con los servicios que prestan. Según el Gobierno, esta normativa busca limitar los abusos y reducir la presión fiscal sobre las actividades comerciales, al tiempo que establece sanciones para quienes no cumplan con las nuevas disposiciones.

Al respecto el entrevistado aseguró que la tasa vial representa un servicio que las estaciones no prestan. “La construcción y mantenimiento de rutas y caminos son responsabilidades del Estado. No corresponde que las Estaciones de Servicio perciban dinero por actividades que no realizan“, subrayó. González expresó su esperanza acerca de la nueva normativa del Poder Ejecutivo, que podría clarificar la situación y evitar que las expendedoras continúen actuando como agentes de retención de tributos municipales.
La norma en preparación por parte del equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, pretende dejar explícitamente prohibido que los municipios utilicen a prestadores particulares, como las estaciones de servicio, para cobrar tasas municipales, una práctica que califican como abusiva y perjudicial para los consumidores.
Mientras se espera la resolución, las Estaciones de Servicio y sus representantes legales continúan planificando acciones judiciales para desafiar la legalidad de la tasa vial. “No podemos aceptar que se nos utilice como instrumentos de recaudación de impuestos que no nos competen“, enfatizó González y sentenció que “los abogados que busquen pleitos por estas razones lo hagan contra los ediles y no contra nosotros”.
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