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19 años pasaron ya desde la inauguración de la primera expendedora de la petrolera venezolana en sociedad con ENARSA. Desde ese entonces, la empresa enfrenta múltiples solicitudes de embargos, quiebras, subastas, y pedido de remate de activos.
El 11 de febrero de 2005, Hugo Chávez estrenaba uno de los surtidores de la flamante Estación de Servicio PDVSA – ENARSA, cargándole nafta al Chevrolet 1939 con el que Juan Manuel Fangio había corrido la carrera “Buenos Aires-Caracas” en 1948.
“Vamos a seguir abriendo estaciones y vamos a comenzar a perforar pozos petroleros para que en el futuro Argentina no tenga que importar petróleo; es el comienzo de la apertura de otras 600 previstas para lo que resta del año”, anunciaba el por entonces ministro de Infraestructura, Julio de Vido.

PDVSA Argentina está en un verdadero tembladeral. Los avatares de la pandemia no hicieron más que acentuar los serios problemas económicos y financieros que vienen aquejando a la filial local en los últimos años.
La intención era comprar la red local de Shell. Ante la negativa de la empresa, la petrolera venezolana fue por Sol Petróleo propiedad de la uruguaya ANCAP. Una vez adquirido su paquete accionario, nació PDV Sur.
Tras el fallecimiento de Chávez y la asunción del cuestionado Nicolás Maduro a la presidencia de Venezuela, la compañía atravesó un sinfín de desaciertos que derivaron en un presente ruinoso. Según revela un informe de El Economista, desde el año 2019 las 11 Estaciones de Servicio de su propiedad están abandonadas sin efectuar ningún tipo de operaciones. La empresa también se quedó sin la concesión para la operación de la Planta de Almacenamiento de Dock Sud durante el gobierno de Mauricio Macri.
Tanto PDVSA Argentina como sus empresas mixtas fueron demandadas en jurisdicciones de Argentina, Brasil y Paraguay en diferentes fueros con solicitudes de embargos, quiebras, subastas, y remate de activos por reclamos laborales e impositivos.

La totalidad de las bocas de expendio de propiedad directa de la compañía están cerradas o abandonadas. Casi medio centenar de trabajadores denunciaron desamparo por parte de la empresa y el gobierno venezolano.
En agosto de 2022 se acordaron algunos puntos clave, como por ejemplo la solicitud de recursos por un monto de más de U$S 5 millones para el pago de deudas de más de 161 trabajadores despedidos de PDVSA Argentina y sus empresas mixtas; la venta de 11 estaciones para cancelar deudas, contingencias judiciales y pasivos fiscales y laborales, y para la recuperación de la planta de Almacenamiento de Dock Sud, y se autorizó la venta de 29 barcazas fuera de servicio por obsolescencia tecnológica.
Sin embargo, a raíz de las sanciones unilaterales impuestas por el gobierno estadounidense, la petrolera no pudo disponer del flujo de estos recursos financieros y la situación se tornó inviable debido a que las demandas entabladas contra PDVSA Argentina derivaron en medidas cautelares sobre sus activos. Tampoco se pudo contar con recursos para el pago de deudas acumuladas en concepto de seguridad social e impuestos ante la AFIP por un monto superior a los U$S 4 millones.
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