Nuevos impuestos a los combustibles ponen en alerta a expendedores cordobeses

La necesidad de financiamiento que viven las arcas provinciales llevó a los funcionarios a analizar nuevas formas para incrementar los ingresos. En estas situaciones, los combustibles líquidos se presentan como una oportunidad porque aparecen como invisibles a los ojos de los consumidores y son de fácil acceso y recaudación.

En Córdoba analizan aplicar un nuevo impuesto al combustible con el objetivo de  financiar obras viales. En principio, se anunció que sería de 40 centavos por litro para las naftas y 20 centavos para el gasoil, pero finalmente se determinó en 30 centavos para las dos variedades y en 10 para el metro cúbico de GNC.

El cambio habría sido evaluado tras conocer la incidencia del gasoil en el total de los volúmenes comercializados por las estaciones de servicio, que en general va de entre un 60 y 70 por ciento, dependiendo la ubicación. En las bocas de ruta la proporción es aún mayor.

Raúl Castellano, titular de la Federación de Combustibles y Afines (FECAC) se mostró en desacuerdo con la propuesta y de antemano busca evitar su aplicación. No obstante, se reunirá con representantes del oficialismo para discutir la letra fina y la posibilidad de rechazar su implementación.

Así y todo, la iniciativa no encontraría oposición en la legislatura y en caso de entrar en votación sería aprobado por la mayoría. Todavía debe pasar por las comisiones pertinentes y recién a partir de ahí estaría en condiciones de ser evaluado por la totalidad de los legisladores, plazo que demoraría un tiempo prudencial. 

En respuesta a la medida, desde la entidad enviaron el proyecto a sus asesores tributarios para determinar si la Provincia tiene o no facultades para fijar una nueva carga impositiva en los combustibles. A la par de afirmar que se estaría incumpliendo en varios aspectos el Art. 22  del tributo sobre los combustibles en el que se prevé que las provincias que adhieran a esta ley solo podrán gravar las etapas de industrialización y expendio con el impuesto a los Ingresos Brutos, advirtieron que puede peligrar la existencia de las empresas ya que el cúmulo de obligaciones fiscales recaerán sobre los costos. Y agregaron que si se configura la imposibilidad de traslado de dichos importes a los precios por colisión de normas provinciales y nacionales, el resultado será un comportamiento recesivo  que puede resultar confiscatorio de los ingresos del sector y seguramente redundará en numerosos planteos judiciales.