Estacioneros presentan recurso judicial contra un aporte extraordinario a grandes contribuyentes

Los dueños de las Estaciones de Servicio de la Rioja elevaron su queja en la justicia acompañados por otros referentes de la actividad económica contra la Ley 10.699, que obliga a las empresas con una facturación mensual igual o superior a 200 millones de pesos deberán aportar un 25 por ciento del impuesto determinado de Ingresos Brutos para financiar programas alimentarios provinciales.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Expendedores de La Rioja, Juan Manuel Brígido, aclaró que no existe oposición a que el Estado ayude a paliar la situación de los ciudadanos con menores recursos, pero explicó a surtidores.com.ar que esta carga extra es desproporcionada para la rentabilidad del rubro.

“No nos oponemos a contribuir a causas sociales, pero esta ley impone sobre nuestras empresas, especialmente en un contexto económico de recesión, un problema que agrava el punto de equilibro especialmente de los colegas de menor volumen de venta”, advirtió el estacionero en diálogo con surtidores.com.ar.

Expectativas y reparos entre los estacioneros por el impacto de las cuasimonedas en el sector

Se comenzó a pagar un porcentaje de los sueldos del Estado de La Rioja con bonos locales emitidos por la gobernación. La Cámara de Estaciones de Servicio de la provincia aguarda las primeras reacciones de los consumidores.

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Aseguró el dirigente que esta medida no solo es injusta, sino también ilegal, ya que “nos obliga a asumir responsabilidades que deberían ser del Estado”.

El Aporte Extraordinario de Grandes Contribuyentes, dirigido a unas 170 empresas multinacionales y locales, tiene como fin la creación de un Fondo Solidario para Gestión Alimentaria (FO.S.G.A), destinado a financiar el Programa Alimentario Riojano (PAR). Este programa busca proporcionar desayunos y meriendas en 540 escuelas, beneficiando a 57.688 niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad.

El gobernador Ricardo Quintela defendió la iniciativa, argumentando que es esencial para apoyar a los sectores más necesitados en tiempos de crisis. “En los momentos difíciles que vive el país, pedimos a los propietarios de grandes empresas un aporte para aquellos que menos tienen y más necesitan”, declaró.

No obstante, Brígido señaló que la implementación de esta ley genera incertidumbre y preocupación entre los empresarios. “Este aporte extraordinario se suma a la suba de costos fijos que ya enfrentamos, como el reciente incremento descomunal en la tarifa de energía eléctrica. Aunque el gobierno provincial ha ofrecido acompañamiento en este aspecto, la carga financiera sigue siendo enorme”, comentó.

Agregó que entienden la necesidad de fortalecer la seguridad alimentaria, pero aclaró que “la solución no puede ser trasladar la carga financiera de manera tan drástica al sector privado“.

La Cámara de Expendedores de Combustibles de La Rioja argumentó que esta medida es una delegación inapropiada de responsabilidades estatales. “El Estado tiene la obligación de garantizar el bienestar social a través de una gestión eficiente de los recursos públicos. Encomendar esta responsabilidad en las empresas privadas, especialmente en un sector ya golpeado por la inflación y los altos gastos operativos, es injusto y contraproducente”, concluyó Brígido.