Desconfían de las aptitudes de la Comisión para regular el mercado de las estaciones de servicio

El Decreto 1277/2012 reglamentario de la ley 26.471, el cual dispuso en su artículo 2° la eliminación de la libre disponibilidad de la producción de hidrocarburos, del sistema de desregulación, libre exportación e importación de hidrocarburos y la libre fijación de precios sigue levantando polémicas, que ahora también llegan al Congreso.

“La presidenta pretende que, a partir de ahora, quien dio como solución para Aerolíneas Argentinas la consolidación del mayor déficit de su historia, el destructor del INDEC y responsable de la mayor mentira institucional de la Argentina moderna junto al encargado de la desastrosa política energética implementada desde el 25 de mayo de 2003, sean los encargados de planificar, asegurar y promover las inversiones que permitan lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos y de combustibles asegurando la competencia dentro del sector”, explicó el diputado nacional de la UCR Enrique Vaquié.

“Los representantes de las provincias nos preguntamos: ¿Avalarán Kicillof y Moreno la reformulación unilateral de los contratos de YPF con las estaciones de servicio? ¿Tienen alguna posición respecto de la desaparición de la consignación de combustibles para la venta? ¿Saben Kicillof y Moreno que sin consignación se restringen las posibilidades comerciales y aumenta el costo financiero de estacioneros y de los consumidores? Cabe preguntarnos si el sector comercializador independiente y los consumidores continuarán siendo la variable de ajuste sectorial, situación que ha significado un incesante aumento de precios, cierre de estaciones de servicio (de 6157 estaciones en 2001 a 3820 en 2011) y concentración comercial”, afirmó el ex ministro de Hacienda de Mendoza.

Para Vaquié, “las provincias (productoras o no) son convidadas de piedra al momento de reglamentar la Ley 26.471 y tanto los gobiernos provinciales como los consumidores nos encontramos sometidos a los designios de los artífices del fracaso más rotundo que puede mostrar el gobierno. Las provincias no han sido consultadas para coordinar ningún aspecto de la política hidrocarburífera y el Gobierno nacional ha actuado de la única manera que conoce: con pésima calidad institucional al momento de diseñar las herramientas de intervención, concentrando poder en funcionarios incompetentes y despreciando el federalismo”.

A través de un comunicado, Vaquié dijo que “es de esperar que los gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos muestren voluntad política para frenar ese avasallamiento del sistema federal. Sin embargo, una visión estratégica de la clase política nacional, no debería distinguir entre provincias productoras y no productoras: todas deberían evitar que el Gobierno nacional siga avanzando hasta dejar en la nada el artículo 124° de la Constitución Nacional. Éste es un paso más. La pérdida de potestad provincial sobre los recursos mineros o recursos hídricos puede ser el siguiente paso”, concluyó.