Expendedores opinan sobre el nuevo marco jurídico que regulará al sector

A través del Decreto 1277/2012 el Gobierno busca garantizar el autoabastecimiento y la sustentabilidad de los combustibles pero además la protección de los intereses de los consumidores relacionados con el precio y su disponibilidad. En el Artículo 27 otorga a la Comisión fiscalizadora la potestad para establecer criterios que regirán las operaciones en el mercado interno publicando valores de referencia de cada uno de los componentes de los costos y los respectivos precios de pizarra; encontrándose facultada para adoptar las medidas que estime necesarias para evitar o corregir conductas distorsivas.

Esta medida fue considerada de manera positiva por Manuel García, titular de la Asociación Estaciones de Servicio Independientes (AESI). “Todo lo que ocurrió con la desregulación petrolera terminó muy mal. Bienvenido sea si el Estado pasa a ser el encargado de determinar la rentabilidad de los distintos eslabones de la cadena y establece un margen razonable para las estaciones de servicio”, sostuvo.

El dirigente recordó que fue a partir de la década del 90, como consecuencia de la  liberación del mercado, cuando Argentina gestó la perdida del autoabastecimiento. En comparación con este período entiende que “peor no se puede estar” y que “es una buena señal” que se dé por terminado. “Sólo falta restablecer la mesa del crudo”, planteó García, convencido de que el Estado debe controlar y dirigir todo el petróleo que dispone el país.

Desde la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) no definieron una posición oficial ante el tema, aunque su presidente, Oscar Díaz, se animó a dar su punto de vista para surtidores.com.ar. “En lo personal considero que cualquier pretensión de manejar de forma autoritaria el precio no es conveniente. Se fomenta un mercado negro, que lleva a muchos estacioneros a pagar más caro el combustible”, fundamentó.

“Yo comparto que el Estado intervenga en la economía, aunque sólo para corregir algún desequilibrio, como por ejemplo la relación entre los operadores y las petroleras”, precisó. “Poner precios máximos en este contexto es contraproducente.Se pueden desfinanciar las empresas y alejar las inversiones”, advirtió.