Controversia por la decisión de que YPF abastezca a las empresas públicas

El decreto 1189, firmado por la presidente Cristina Fernández de Kirchner dispuso que los organismos públicos “deberán contratar con YPF Sociedad Anónima la provisión de combustible y lubricantes para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales”. La medida generó opiniones encontradas entre los titulares de estaciones de servicio según el vínculo que mantienen con la empresa.

Juan Pablo Fantini, presidente de la Asociación de Operadores de YPF evalúa la política implementada como positiva. “Compartimos y apoyamos dicha decisión, ya que la misma tiene como sentido la  protección de los intereses nacionales y bajo ningún punto de vista vemos motivo por el cual el Estado nacional debería favorecer con sus compras a otras empresas petroleras cuando disponemos de una compañía petrolera estatal”, expresó.

Por su parte, Oscar Díaz, presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) tiene otro punto de vista muy distinto. Su posición personal, ya que desde la entidad todavía no analizaron en conjunto la medida,  es que “como la normativa no aclara que la venta deba realizarse a través de las estaciones de servicio” no está de acuerdo. De esta manera el combustible sería distribuido directamente por el canal mayorista.

Además, el dirigente señaló que el resto de las compañías del sector, como Esso, Shell, Oíl y Petrobras, van a perder una parte importante de las ventas. Anteriormente, este mercado estaba repartido entre todas las empresas, aunque al igual en el sector minorista, predominaba la participación de YPF. “No creo que de esta manera se beneficie a YPF porque ahora va a tener mayor responsabilidad para responder a la demanda”, advirtió.

Díaz también considera que no debería ser obligación de la petrolera de proveer a las dependencias públicas porque más allá de que está controlada por el Gobierno, sigue siendo una Sociedad Anónima, ya que no cambió su figura jurídica después de la expropiación. “Cuando se aplicó esta medida en la anterior era estatal YPF se desfinanció porque no le pagaban”, recordó.