El sector transparenta sus diferencias: mientras trabajadores se alejan del Gobierno los empresarios buscan acercarse

La Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (FOESGRA) decidió adherirse al paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) de la semana pasada y marcó de esta manera su posición sobre el enfrentamiento entre los dirigentes gremiales y el Gobierno Nacional. Si bien desde la entidad aseguran que “la relación es normal”, los funcionarios  aun no concedieron ninguno de los reclamos que plantea el sindicato desde hace tiempo.

La principal demanda para FOESGRA pasa por el traspaso de los trabajadores que prestan funciones en las bocas que son propias de YPF y que hoy están encuadrados bajo el Sindicato Unido Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPEH), de buena llegada al oficialismo. Por el momento los dirigentes esperan en calma, pero no descartan tomar medidas de fuerza en el futuro en protesta por la libre afiliación.

José Escoda, Secretario General del Sindicato de Estaciones de Servicio de Mendoza asegura que “las políticas del Gobierno nos alejan”. Si bien considera que deberían producirse mejoras para el sector por la nacionalización de YPF admite que el riesgo de que sigan cerrando locales complica el lazo con la Casa Rosada.

Explicó que el nuevo marco político no genera diferencias con las cámaras porque “estamos incluidos en los reclamos de los estacioneros”. En su opinión, “lo que tienen que hacer los empresarios es subirse arriba del ring y lograr que los combustibles pasen siempre por las bocas de expendio”.

Por su parte, desde la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) buscan por el momento estrechar lo más posible la relación con los directivos de YPF, convencidos que a través del dialogo se podrá conseguir que se reviertan varias de las condiciones comerciales que afectan la rentabilidad del rubro.

Además, su máxima ambición que se sancione una nueva ley de Comercialización de los Combustibles para dar por terminada la integración vertical en la actividad y permitir a las Pymes la subsistencia en el negocio. Para la aprobación en el Congreso deberán lograr el apoyo del Frente para la Victoria porque hoy domina en mayoría ambas cámaras.