En pleno auge de la liberación de los valores de los hidrocarburos en las Estaciones de Servicio, se plantea en el sector y en los consumidores las consecuencias negativas del shock que este fenómeno generó en el poder adquisitivo de la población y por ende en la baja de ventas en las expendedoras.

Tal como se viene analizando en diversos foros y lugares de debate para las tarifas de servicios públicos, se había puesto en la agenda la hipótesis de que una quita de impuestos en el precio final de las naftas contribuiría a que la sociedad pueda afrontar los aumentos de una manera más moderada.

¿Cuánto deberían aumentar los combustibles si se actualizaran los impuestos específicos?

Sin embargo, desde el corazón del ente recaudador nacional, el secretario General de la Unión de Personal Superior de AFIP, Julio Estévez salió al cruce de estas teorías para advertir que no es viable una iniciativa de ese tipo.

En diálogo con surtidores.com.ar el titular de UPSAFIP, se mostró de acuerdo en que podría llegar a ser positivo lógicamente para el contribuyente asumir el aumento de las naftas sin el componente tributario.

Sin embargo, destacó que “la masa de dinero que el Estado Nacional dejaría de percibir en ese concepto puede causar una debacle fiscal que llevaría al país a una crisis peor de la que hoy se tiene”.

Estévez además, consideró que “para aquietar impuestos como los que atañen al combustible es preciso como condición sine qua non, que los cambios se aprueben por ley con la aprobación de ambas cámaras del Congreso de la Nación”.

Al respecto, agregó que “otra dificultad la tendrían los gobernadores de las provincias ya que se trata de un aporte coparticipable que sirve de base económica de todas las regiones y economías del país”.

En este marco de situación vale destacar que, según el estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), son 6 los tributos que encarecen más del 38 por ciento el precio final de los hidrocarburos. De esta manera de cada litro que carga el cliente de una Estación de Servicio, un porcentaje queda en el erario nacional, otra parte en la provincia y una tercera porción en el municipio o localidad donde se efectúa la operación.