El sistema de consignación: el mal que azota a las estaciones de servicio

El decreto 1212/89 estableció las normas fundamentales para desregular la comercialización de los hidrocarburos en general. La libre competencia, prevista en la legislación, no ha funcionado en la práctica, desencadenando en el cierre de más de 2000 estaciones de servicio en tan sólo una década. Los beneficios económicos fueron acaparados por las petroleras, como consecuencia de la falta de transparencia que sufre el mercado minorista, sometido al dictado de las grandes compañías.

Fabián Tobalo, asesor legal de la Federación de Expendedores de Combustibles de Buenos Aires (FECOBA) sostiene que “lo primero que una regulación del negocio debería asegurar es limitar drásticamente el consignado a volúmenes compatibles con la libre competencia”. A su entender esta “es la clave del problema actual”.

Según el experto, otro aspecto central que perjudica la permanencia de los expendedores Pymes pasa por la posibilidad de las petroleras de tener bocas propias. “No se entiende cómo un operador de bandera tiene que competir con su abastecedor”, criticó. De ahí que propone “limitar seriamente esa posibilidad”. Frente a esta situación subraya que “el éxito del negocio depende de la voluntad de su proveedor”.

Otra cuestión que debería ser revisada para el especialista es la responsabilidad por daño ambiental. “La misma no debe quedar en cabeza del operador, sino sólo cuando sea imputable a dolo o culpa de este, por inobservancia de la normativa vigente sobre manejo de elementos de acopio, transporte y expendio”, sostiene.

En el actual marco de comercialización, Tobalo señala que “el mercado no funciona según la oferta y la demanda, como lo propicia el Decreto 1212/89, sino que responde a criterios políticos de fijación de precios, a partir de las retenciones a las exportaciones de petróleo y de la política de precios de YPF, que interviene directamente en el mercado minorista con aproximadamente el 40 por ciento del total de bocas de expendio y con más del 55 por ciento del volumen negociado”.

En su opinión, cualquier regulación legal del negocio debería tender a transparentar el mercado y a asegurar la libre competencia. “Los demás problemas del expendedor dependen para su solución de esa cuestión principal”, apunta el letrado.