El impacto que el retraso pronunciado de los precios viene teniendo sobre las Estaciones de Servicio impulsó entre los estacioneros la búsqueda de alternativas para recuperar la rentabilidad. Una de ellas surgió con fuerza en el marco del reciente plenario de Operadores de YPF. Se trata del  Servicio de Playa, un adicional sobre el precio del litro de nafta o gasoil similar a la propina que se cobra en los restaurantes.

Este avance ha generado un debate en el ámbito jurídico, ya que, si bien hay consenso en su aplicación, se señala la carencia de recursos legales que respalden esta medida.

La caída de ingresos y el impacto de la inflación pusieron al “servicio de playa” en la agenda de los estacioneros

Francisco Turzi, integrante del Estudio Turzi Abogados recordó que en diversas provincias se habían propuesto amparos en relación con este tema, lo que plantea la necesidad de establecer un marco legal sólido para su aplicación.

“La discusión se centra en la fundamentación del Servicio de Playa”, señala el especialista. “La clave no es solo ponerse de acuerdo, sino explicarlo operativamente y consensuarlo con el sindicato y la cámara empresaria. La explicación debe respaldarse en la realidad operativa y comercial, transformándolo en algo legítimo y legal“, indica.

En el sector hay voces críticas que consideran esta medida inadecuada, argumentando que debería negociarse con las empresas y no ser trasladada a los clientes, que ya enfrentan los mayores costos de la inflación.

“Profundiza la asimetría entre las petroleras y estacioneros, con una posición más fuerte, y los consumidores, la parte más débil de la ecuación“, argumenta Turzi. En ese sentido, sugiere que, en lugar de cargar sobre los consumidores, los estacioneros deberían buscar alternativas, como negociar con el gremio para reducir cargas sociales o explorar ajustes en el pago de impuestos.

Por el sostenimiento de los precios congelados resurge la idea del “servicio de playa”

En este sentido, consideró que el simple expendio de combustible no constituye un fundamento suficiente, sin embargo opina que el Servicio de Playa o la atención al cliente podrían ser razones válidas. “La clave radica en la forma en que se presenta la propuesta. Si se plantea de manera abrupta y reactiva, simplemente trasladando costos, existe el riesgo de enfrentar planteamientos de inconstitucionalidad que, al menos, serán considerados y posiblemente rechazados al final del proceso”, expresa Turzi.

“Identificar y respaldar claramente el motivo por el cual se cobra es esencial. Esto le proporcionará sustento a la medida, ya que, en última instancia, se deberá explicar al juez de manera previa y sólida, preconstituyendo pruebas y argumentos. No es un asunto que pueda resolverse de manera abstracta; su legalidad no es determinable de manera categórica. Dependerá de cómo se presente, del contexto, la explicación y, sobre todo, de contar con un fundamento sólido en la realidad operativa y comercial”, concluyó el letrado.