El Instituto General Mosconi fijó posición frente al proyecto de ley de expropiación de YPF

A través de un comunicado, sostuvo que ha analizado con sus especialistas el tema en sus más mínimos detalles -a veces imperceptibles para los legos-, concluyendo que el proyecto de ley de expropiación de YPF, tal como fue presentado y es implementado por el gobierno, es contraproducente y no reúne los requisitos necesarios para revertir la decadencia petrolera y gasífera de nuestro país, recuperar los niveles de producción y reservas de hidrocarburos compatibles con el largo plazo, incentivar la exploración en las cuencas tradicionales y no tradicionales, ni atraer las inversiones indispensables para alcanzar el autoabastecimiento proclamado como objetivo del Estado argentino.

Un tema no menor, agrega el documento, es que los fundamentos del Decreto de Necesidad y Urgencia de la intervención del 16 de abril de 2012, que con pequeñas diferencias se repiten en el Proyecto de Ley enviado al Congreso, “contienen errores conceptuales, afirmaciones inexactas y no ponen de manifiesto que el Poder Ejecutivo haga autocrítica alguna sobre su errónea política energética en los últimos 8 años”.

“El mecanismo de expropiación por causa de utilidad pública en curso de implementación se considera hostil y confiscatorio y prevemos que tendrá altos niveles de litigiosidad futura y desprestigio internacional”, sentencian desde el IAE. “Nuestra posición institucional es que dichas acciones nunca debieron ser privatizadas de la forma que lo fueron, lo que provocó la desintegración de un sistema petrolero ampliamente exitoso para nuestro país”, afirman.

El Instituto, que se opuso a las privatizaciones de YPF en 1992 y a su extranjerización definitiva en 1998; también a las privatizaciones de Gas del Estado y otras empresas estatales, estima que para apoyar una medida de esta naturaleza, cuyos fines pueden ser compartidos, se debe, muy especialmente, ponderar adecuadamente el método que se pretende utilizar, los modos de accionar, las personas que intervienen y los fundamentos por los cuales la medida se implementa.

Advierten que el análisis sistémico muestra que la intervención a la empresa se realiza con métodos propios de una situación de emergencia que no existe. “El método de recurrir a un DNU es improcedente e injustificado”, expresan. Asimismo infieren que la Compra es hostil y se realiza con los modos propios de una confiscación en vez de los propios de una expropiación por causa de utilidad pública.

Además manifiestan que los fundamentos del proyecto de ley carecen de lógica y de sustento técnico; en algunos casos las afirmaciones son parciales, en otros, son inexactas. “El gobierno no ha explicitado, ni siquiera en forma preliminar, un Plan de Negocios alternativo al que la empresa ejecuta en la actualidad para justificar su decisión irrevocable de promover la expropiación; tampoco aporta elementos que permitan cuantificar el precio de adquisición de la compañía ni la forma en que este se va a liquidar, ni de dónde van a salir los recursos para afrontar la compra”, juzgan en el escrito.

La entidad entiende como discriminatoria e injusta la no inclusión de todas las provincias argentinas en la distribución del paquete accionario, siendo que en el proyecto en cuestión asume la Nación los derechos sobre el control de la empresa, con costos y beneficios a cargo de la totalidad del pueblo argentino. “¿Por qué YPF debería ser propiedad sólo de las provincias productoras y no de las provincias consumidoras y refinadoras, que también contribuyeron solidariamente a su capitalización desde su creación?”, se preguntan.

Para la entidad, la crisis energética requiere de un cambio drástico de política y la adopción de instrumentos que van más allá de la expropiación de la parte mayoritaria de la empresa YPF, que hoy explica sólo un tercio de la responsabilidad del sector. Para ello proponen:

– Sanción de una nueva Ley de Hidrocarburos y adecuación del Marco Regulatorio del Gas.

– Auditoría integral e independiente de todas las Concesiones de Explotación y Permisos de Exploración.

– Creación de una Agencia Nacional (o Federal) de Petróleo, Gas y Biocombustibles con el fin de fiscalizar, controlar y transparentar la actividad.

– Revertir a sus concedentes, conforme a las pautas que establece la ley, aquellas Concesiones o Permisos que no hayan cumplido con los compromisos asumidos.

– Retirar las áreas off-shore de la jurisdicción de ENARSA y pasarla al ámbito de la Agencia para su licitación o transferencia a una Empresa Nacional de Petróleo.

Las inversiones que se requerirán en el sector hidrocarburos para reactivarlo y poner en marcha los proyectos necesarios serán cuantiosas y no se obtendrán fácilmente si los posibles interesados en estos negocios de riesgo no vislumbran un clima previsible y confiable. Dentro de este nuevo contexto existe espacio para la participación del Estado como empresario en el sector de los hidrocarburos.

El Instituto sostiene que las acciones del Poder Ejecutivo puestas en marcha el pasado 16 de abril y aún las acciones previas que incluyeron la caducidad de concesiones petroleras, cuya finalidad es la de retomar participación accionaria del Estado en la empresa YPF, no garantizan la reversión de la tendencia declinante de la producción petrolera y gasífera de nuestro país.

“No se inscriben, como sería deseable, en una Política de Estado con amplio consenso que asegure su continuidad; no dan indicios respecto a que se produzca a partir de ello el cambio en los modos de gestión, en la legislación energética y en la organización sectorial, que juzgamos imprescindibles para cambiar el statu quo de la decadencia. También se realizan con medios y modos reñidos con la legislación vigente. En consecuencia el Instituto entiende que estas acciones llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo no deben ser apoyadas ni alentadas, a menos que sean profundamente modificadas en una amplia negociación política”, concluye el comunicado.