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Mientras que el 74% de los argentinos está de acuerdo con el proyecto para la recuperación de YPF, tres de cada cuatro españoles consideran totalmente injustificada la expropiación de la petrolera. Un relevamiento sectorial asegura que los estacioneros locales comparten el mismo nivel de adhesión
Tres de cuatro argentinos está de acuerdo en recuperar el 51 por ciento de YPF, porque consideran que los españoles no hicieron las inversiones necesarias y el Estado debe controlar los recursos nacionales estratégicos, según un sondeo privado.
Según la encuesta, que se realizó a nivel nacional para Página/12 por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), más del 60 por ciento de los argentinos cree que, en manos del Estado, la empresa “se va a administrar bien“.
“El ciudadano común tal vez no está al tanto de cifras de producción ni de remesa de ganancias ni nada por el estilo, pero todo el que tiene auto sabe las dificultades que hay con las naftas “, explicó Roberto Bacman, sociólogo responsable de la consultora.
Bacman recordó que en los `90 la mayoría de los argentinos apoyó las privatizaciones de los teléfonos, de la luz, el gas, el agua y hasta los trenes, pero no de YPF ni de Aerolíneas Argentinas porque en ambas “se combina cierto nacionalismo argentino, con la idea bastante instalada de que hay cuestiones estratégicas: el petróleo, los combustibles, la línea aérea de bandera“.
Otros datos de la encuesta reflejan que menos de un 3 por ciento cree que YPF debe estar en manos privadas, un 23 considera que podría ser administrada por capitales privados argentinos y nada menos que el 70 piensa que la tiene que manejar el Estado.
En España se mantiene la misma proporción pero en sentido contrario. Tres de cada cuatro españoles (77 por ciento) consideran totalmente injustificada la expropiación de la petrolera. Injustificada porque se confisca a Repsol algo que compró de forma legítima. Solo un 10 por ciento cree, por el contrario, que la decisión está justificada porque para Argentina YPF es una empresa estratégica, de interés nacional, que no puede estar en manos privadas.
Para la amplia mayoría (67 por ciento) esta decisión adoptada por el Gobierno presidido por Cristina Fernández de Kirchner debilita al país frente a un 18 que cree que lo fortalece.
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