Expendedores a la espera de un nuevo marco jurídico

Desde la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) se mantienen a la expectativa. A principios de año plantearon al Ministerio de Planificación Federal y a otros funcionarios del oficialismo la necesidad de regular la venta minorista de los combustibles, hoy dominada por las petroleras. Todavía no tuvieron respuestas, pero suponen que hasta que no se esclarezca el rumbo que tomará el Gobierno a nivel macro, las bocas de expendio no recibirán un tratamiento legal separado.

El encargado de impulsar la iniciativa en el Parlamento es el legislador del bloque Movimiento Popular Neuquino, José Brillo. El proyecto tiene estado parlamentario y será discutido al interior de la Comisión de Energía y Combustibles. Recién se llevó adelante el primer encuentro entre los legisladores, pero sólo para constituir formalmente el espacio de discusión.

Un asesor de Brillo aclaró que “no se sabe qué importancia tendrá el proyecto en el temario porque aún no está armado“. Las últimas semanas, con varios feriados de por medio, complicaron la vida parlamentaria, por lo que se espera que en los próximos días se determine la fecha para el inicio de las sesiones.

A diferencia del año pasado, cuando la comisión estaba dirigida por Fernando “Pino” Solanas, del bloque Proyecto Sur, ahora está en manos del Frente para la Victoria. Esta fuerza tiene clara mayoría y podrá impulsar o dar de baja cualquier propuesta que llegue al recinto. Hasta el momento, varios funcionarios del oficialismo se mostraron predispuestos a discutir un nuevo marco legal para las bocas de expendio, pero no hay un consenso generalizado, ni lineamientos que bajen de la Casa Rosada.

El objetivo de Brillo es proteger a las estaciones de servicio Pymes que hoy se encuentran bajo condiciones comerciales desfavorables, principalmente por el menor peso económico y político que tienen frente a las compañías petroleras. Uno de los artículos centrales impide la integración vertical de la actividad y establece un plazo de 5 años para que los proveedores se desprendan de sus puntos de venta propios.

También prohíbe a las compañías la venta directa de combustibles al agro y a las empresas de transporte, clientes que los operadores perdieron con el correr de los años