Luego de la participación de CECHA en las comisiones de la Cámara Baja para fundamentar las causas por las cuales el sector reclama una reforma de la regulación de la ley de tarjetas de crédito para los combustibles, los ejecutivos de los bancos se abroquelaron ante los diputados para oponerse a cualquier tipo de modificación a los costos financieros, comisiones y plazos de acreditación de las ventas con tarjeta en las Estaciones de Servicio.

Las comisiones de Comercio, encabezada por la diputada Gabriela Lena, y la de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, presidida por el diputado Víctor Romero, convocaron en esta oportunidad a Norberto Etchegoyen, director ejecutivo de la Cámara de Emisores Regionales de Tarjetas de Crédito y Compra No Bancaria (CERTaCyC); Cesar Bastien, director ejecutivo de la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra de Argentina (ATaCyC); Francisco Grismondi, gerente general de Asociación de Bancos Argentinos (AdeBA); Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina; y Jonás Torrico y Pablo Dono, de la Asociación Argentina de Contribuyentes.

Durante el encuentro la mayoría de los expositores, defendieron la posición de los bancos en contra el proyecto de ley de los estacioneros que buscan que el emisor de tarjetas de compra y crédito en ningún caso efectuará descuentos ni aplicará cargos superiores a un 3 por ciento sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor.

Al respecto, coincidieron en que “el proyecto es inviable para nosotros” porque “estamos seguros de que no vamos a poder operar a pérdida”, al tiempo que amenazaron con que “vamos a tener la necesidad de no operar con las Estaciones de Servicio”.

En respuesta a estas advertencias, Alberto Boz, presidente de la Federación de Expendedores de Naftas del Interior (FAENI), quien impulsó la iniciativa parlamentaria y obtuvo un fallo favorable en un tribunal de primera instancia contra las empresas que gestionan las tarjetas de crédito, expresó duras críticas a la postura de los empresarios.

En diálogo con surtidores.com.ar, el directivo afirmó que fueron las entidades emisoras las que buscaron a los estacioneros para que aceptaran este medio de pago cuando aún no estaba ampliamente utilizado por la población.

En ese sentido, refutó tales declaraciones y afirmó que si nadie asume la responsabilidad del problema y el gobierno se niega a abordarlo, serán los bancos y los consumidores los más perjudicados. Según precisó, las Estaciones de Servicio no pueden soportar por mucho más tiempo la carga financiera que no les corresponde asumir.

Asimismo, Boz negó las argumentaciones, quienes afirmaron que el problema no es de los bancos, sino de índole fiscal. Al respecto, subrayó que las altas comisiones y los plazos que cobran los bancos son de su responsabilidad, ya que ese sector se beneficia en detrimento de las pequeñas y medianas empresas comerciales, que sacrifican capital de trabajo para que esas entidades obtengan ganancias financieras.

Para finalizar, Boz se mostró asombrado y lamentó la ausencia de diputados del oficialismo cuando los estacioneros expusieron sus planteamientos, mientras que la situación fue opuesta cuando los banqueros manifestaron su negativa a aceptar los cambios propuestos por los expendedores.