Ley de Comercialización de Combustibles: Ahora o nunca

A pocos días del encuentro con Amado Bouodu, los dirigentes de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) consideran que la situación política del sector “es inmejorable”, optimismo que desde hacía mucho tiempo no se sentía en la entidad. Es que las cosas cambiaron: la relación entre YPF y el oficialismo se quebró, y ahora el Ejecutivo no tiene ningún freno para tomar medidas que afecten el interés de la petrolera.

El presidente de la entidad, Oscar Díaz comentó que presentó un proyecto propio diseñado por su cámara. Detalló que marca algunas diferencias con el que elaboró el Diputado Nacional José Brillo, que también será discutido en la Comisión de Energía y Combustibles. Una vez que reciban tratamiento podrían ser unificados acoplando ambos textos.

Una de las distinciones pasa por la metodología en que las petroleras deberían desinvertir en la actividad minorista. Para los estacioneros se debería llevar adelante reduciendo la participación de mercado al ritmo de un 25 por ciento por año para que en un plazo de cuatro años queden fuera del negocio. La medida apunta contra el volumen y no sobre la cantidad de bocas propias de los proveedores. Asimismo, tampoco se obliga a las compañías a desprenderse del edificio o patrimonio – para evitar medidas legales – sino que se impide la explotación comercial. “Pueden quedarse con el inmueble pero no despachar naftas”, precisó Díaz.

La iniciativa de Brillo, en cambio, plantea la enajenación de las estaciones de servicio oficiales en una extensión de 5 años, sin establecer una progresión. De esta manera, las empresas podrían esperar hasta el quinto período para retirarse de la actividad. Asimismo, el texto presentado por el Diputado del Movimiento Popular Neuquino establece que las petroleras no puedan ofrecer productos al sector minorista. Díaz entiende que “a veces se torna difícil separar cual venta es al por menor y cual al por mayor” y por eso el proyecto de Cecha “impide a las empresas la venta de combustibles para consumo propio”.

La iniciativa de los expendedores aclara que los operadores de bandera disponen de una opción de prórroga de dos años para continuar con los contratos de suministro y aclara que esta opción no necesita estar explícitamente expresada en el papel firmado con la petrolera.

Las expectativas son positivas. El empresario contó que Boudou escuchó atentamente el proyecto y que sólo indagó sobre dos cuestiones que preocupan al oficialismo: los tiempos de la des-inversión y los precios al consumidor. Díaz respondió que al igual que en otras actividades, el valor del producto se maneja en función de la oferta y la demanda, y que además en nuestro país gran parte de las bocas de expendio ya funcionan bajo el sistema de compra-venta. “Les dejamos en claro que los costos van a ser regulados en función del mercado y no van a irse por las nubes”, mencionó, a tiempo que reconoció que Boudou “en ningún momento se mostró crítico”.