La legisladora nacional por el Frente de Todos María Lucia Masin, presentó nuevamente un proyecto de ley de su autoría (0070-D-2023), cuyo fin es exceptuar del impuesto a los combustibles a las personas con discapacidad debidamente certificada, o al padre, madre, tutor o curador que tuviere a su cargo a una persona con discapacidad.

La misma excepción está prevista para las instituciones asistenciales que se dediquen a la rehabilitación de personas con discapacidad, que no persigan fines de lucro y que sean debidamente reconocidas En todos los casos, el beneficio es para aquellos que posean la titularidad de un vehículo automotor.

“Pensamos en aquellas personas con discapacidad que conducen su propio automóvil, o bien en aquellas otras que tienen a su cargo a una persona con discapacidad que deben trasladar, la mayoría de las veces para recibir tratamientos médicos o terapias de todo tipo”, afirmó la legisladora.

Para Masin, la iniciativa aliviaría en alguna medida los gastos que se derivan o no de esta condición. “El Estado debe estar presente a través de políticas públicas para facilitar el diario accionar de las personas con discapacidad y sus familias. El reducir el costo del combustible es una de estas políticas públicas”, expresó.

El proyecto no especifica como operaría el beneficio, pero es de suponer se concretaría una vez que se efectúe el suministro, sumando una nueva carga administrativa a la Estación de Servicio.

“Creemos que medidas de esta naturaleza contribuyen a fortalecer los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, abordándola desde una dimensión más amplia, en pos de su autoafirmación y empoderamiento como ciudadanas y ciudadanos”, concluye la propuesta de Masin.