Defensa de la competencia falló en contra de petroleras en reiteradas ocasiones pero las sanciones nunca se cumplieron

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia fue creada con el propósito de proteger el libre movimiento de los mercados. Entre sus atribuciones, tiene la facultad de ordenar el cese, abstención o modificación de conductas distorsivas y actos nocivos, con vistas a garantizar la defensa de la libre actividad de los particulares. Esta institución es, en definitiva, la que lleva adelante la investigación por sobreprecios en la venta de gasoil a empresas de transporte.

Este no es el primer caso que afecta a las compañías, ya hubo numerosos expedientes presentados con anterioridad, especialmente por “abuso de posición dominante”. Si bien los fallos condenaban a las empresas, las sanciones nunca se hicieron efectivas permitiéndoles concretar operaciones que según los estatutos del organismo no serían acordes a una libre competencia. La integración vertical de la actividad, hoy conquistada por la mayoría de las petroleras, es uno de los tantos ejemplos que se pueden detallar para demostrar los magros resultados que han dejado los dictámenes de la dependencia.

En torno a las acusaciones efectuadas recientemente por el Gobierno Nacional, los especialistas opinan que no hay argumento legal para condenar a las compañías por “competencia desleal”. Tomando en cuenta que la denuncia sostiene que se estaba vendiendo el combustible al transporte a precios más altos que el permitido, legalmente no habría sustento para confirmar estas acusaciones. Sin embargo, hay pruebas firmes y sólidas para demostrar el “abuso de posición dominante”.

Los expendedores de combustibles aseguran que esta actitud es claramente visible en la práctica. El derecho de prioridad de compra, el pago anticipado del combustible, la limitación de los cupos de abastecimiento y otras actitudes comerciales que padecen a diario, hasta el momento no encontraron una vía legal que pueda resguardar sus intereses.