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A raíz de un reclamo de la Cámara de Gas Licuado de Petróleo que se viene planteando en los últimos días, referido al precio de la garrafa, los expendedores de combustibles que aún sostienen a sus establecimientos como punto de venta de gas envasado, plantearon la necesidad de actualizar los valores al público.
Esta semana, los dirigentes de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA) se reunieron con la secretaria de Energía Flavia Royón y el Subsecretario Federico Bernal, a quienes les reclamaron sin éxito el incremento de los precios para el gas envasado en garrafas.
A la salida del encuentro el presidente de la entidad Pedro Cascales aseguró a surtidores.com.ar que “el atraso de los valores del Programa Hogar hace insostenible la continuidad de la actividad, con un déficit crónico para las empresas fraccionadoras y distribuidoras”.
Detalló que el importe actual impuesto por el Estado de una garrafa de 10 litros ronda entre los 740 y 760 pesos, con lo cual se corre riesgo de desabastecimiento en todo el país porque “ese número no alcanza para cubrir costos”.
Cascales recordó que desde agosto del año pasado no se refresca el precio y que además el Gobierno no cumplió con el pago de más de 3500 millones de pesos que se habían acordado para subsidiar el costo al público del producto.
En este contexto, las 1350 Estaciones de Servicio que aún mantienen el negocio del despacho de garrafas en todo el territorio nacional, se verían afectadas en su oferta de no solucionarse el diferendo.
Un grupo de operadores de combustibles consultados por este medio, tanto de banderas como de estaciones blancas del interior del país, coincidieron en que se trata de una causa más de desaliento hacia esta opción comercial alternativa dentro de sus Estaciones de Servicio.
“El precio sugerido no se respeta en ningún lado. Nuestros proveedores nos entregan las garrafas a un promedio de 850 pesos y nosotros la tenemos que vender a 1200; no resulta rentable en lo más mínimo”, expresaron los consultados.
A pesar de ello, quienes aún sostienen la operatoria, afirmaron que lo hacen como “un servicio a la comunidad”, más específicamente aquellos establecimientos sin marca que en los últimos años se constituyeron como un punto de abastecimiento de combustibles y otras necesidades para quienes habitan en lugares más alejados de los centros urbanos.
El punto que desalienta el desarrollo de esta actividad en el sector estacionero no solamente se corresponde con el precio desactualizado por la inflación, sino que existe una importante cantidad de compradores que no devuelven el envase, y reponerlo cuesta casi 20 mil pesos.
Además, en el año 2014, el Gobierno emitió una resolución que endurecía los requisitos de seguridad e higiene para habilitar la venta de garrafas en las Estaciones de Servicio, lo cual causó que numerosos estacioneros prefiriesen abandonar ese negocio a causa de que la inversión que se requería no igualaba la ecuación de amortización final.
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