Empleados advierten que podría haber medidas de fuerza para las fiestas

El sindicato que nuclea a los trabajadores de las bocas de expendio de combustibles dejó en claro que la movilización programada para el próximo 6 de diciembre frente al edificio de YPF es apenas el primer paso de la estrategia. El objetivo principal es garantizar los puestos de trabajo -manteniendo los contratos de abastecimiento entre operadores y petroleras – e incrementar la magra bonificación que hoy disponen las empresas Pymes. Frente a esta situación adelantaron a este medio que podría decretarse un paro de actividades llegando los últimos días del año.

El Secretario gremial de la entidad, Andrés Doña explicó que en el Congreso anual que realizó la Foesgra se facultó a la comisión directiva a tomar las medidas de fuerza que consideren necesarias. Como en los últimos tiempos siguieron cerrando  estaciones de servicio y la situación amenaza con extenderse, el dirigente alertó que “si no hay respuestas claras después de la marcha se va a analizar la profundización del plan de lucha”.

“Puede ser antes o después de las fiestas”, estimó Doña. De todas maneras no hay fecha agendada porque la intención es negociar con las petroleras una vez que el problema tome asunto nacional tras la movilización frente al edificio de YPF el próximo 6 de diciembre. “Queremos que se difundan la situación del sector en los medios de comunicación”, sostuvo.

Doña se mostró poco optimista de que se pueda avanzar en las negociaciones mediante el dialogo. Desconfía de las promesas de las petroleras y supone que las medidas de acción van a ser inevitables para conseguir los puntos que reclaman. El dirigente indicó que durante las reuniones junto a petroleras y expendedores prácticamente no hubo resultados positivos, más allá de cuestiones formales. “Nunca hubo respuestas claras”, lamentó.

La mayoría de las cámaras empresarias ya manifestaron su apoyo a la medida de fuerza. Doña cree que podrían movilizarse más de 7000 personas y espera que haya repercusiones en el poder político. En los últimos años cerraron 3000 estaciones de servicio y se perdieron 40.000 puestos de trabajo. “Necesitamos garantizar la estabilidad laboral”, afirmó Doña.