Afirman que la prórroga de gravámenes distorsivos perjudica la sostenibilidad de las Estaciones de Servicio

La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de ley que propone la prórroga por cinco años la vigencia de los impuestos a las Ganancias, a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido como Ley del Cheque, y de otras tasas, así como las asignaciones específicas a las que se afectará lo tributado por algunos de esos ítems.

Al respecto, el abogado especialista en Derecho Tributario Marcelo Saleme Murad explico a surtidores.com.ar su visión referida a la continuidad del uso del Estado a estas herramientas fiscales, muchas de ellas, como lo era el conocido Impuesto al Cheque, creada en su momento de manera provisoria según los términos de la Ley 25413, en el año 2001 durante la presidencia de Fernando De La Rúa; es decir que aunque fue provisorio ya tiene una vigencia de más de 20 años.

“En especial, el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios que fue confirmado por el Poder Legislativo, resulta particularmente distorsivo para las Estaciones de Servicio que son en su generalidad, pequeñas y medianas empresas”, expresó Saleme Murad.

Justificó sus dichos en el hecho de que si lo que se pretende es que la economía avance hacia la formalización, el Estado no puede castigar a las cuentas corrientes bancarias, que es el modo de blanquear los pagos y cobros del comercio. Y tan absurdo resulta que muchos bancos incluso cobran comisión por depósitos en efectivo; modalidad ésta que es propia de un gran porcentaje de las ventas realizadas por las Estaciones de Servicio.

Destacó que el rubro estacionero particularmente sufre aún más las consecuencias debido a que es uno de los contribuyentes de mayor nivel de formalidad del sistema comercial, lo que obedece al tipo de producto que manejan, a la relación con las petroleras, y a los múltiples controles sindicales y previsionales sobre el personal empleado, que prácticamente impiden que la operatoria pueda realizarse informalmente.

“Mientras el contribuyente tiene una serie de normas que castigan la falta de formalidad, por otro lado se prorrogan obligaciones tributarias que fomentan lo contrario”, expresó Saleme Murad y recordó que generalmente todo tipo de impuestos aumenta los costos del empresario ya que no existen impuestos “neutros”, siendo además la mayoría de las alícuotas del sistema tributario argentino directamente confiscatorias.

A ello le sumó que por más que los tributos se puedan deducir en el final de cada período fiscal a cuenta de otras obligaciones, igualmente el estacionero le adelanta recursos al fisco, de manera gratuita sin intereses.

Finalmente, el letrado destacó que resulta contrario al espíritu de la Constitución Nacional la permanente “prórroga” de impuestos directos que establece el Congreso de la Nación con la excusa de la “emergencia” o la falsa promesa de que serán “provisorios“.

En ese sentido, llamó a “revisar todo el sistema tributario argentino que, así como está, atenta directamente contra la generación de trabajo y creación de riqueza en el país”.