Plantean proyecto para bajar los combustibles independientemente del comportamiento del petróleo

El escenario en materia de comportamiento del petróleo en el mundo no es muy alentador. Su precio sigue al alza día a día impactando más duramente en los países que no poseen recursos como Uruguay y que fijan las tarifas de los combustibles en base al costo del barril, más impuestos y otros ítems de menor cuantía.

La metodología pautada por la LUC, establece revisiones mensuales, lo que le ofrece cristalinidad al nuevo procedimiento de fijación de precios del Poder Ejecutivo, pero naturalmente lo encorseta en un indicador -como el petróleo- absolutamente perverso y dominado por una serie de especulaciones, de oferta y demanda, conflictos políticos internacionales, y/o bélicos, etc.

Con este panorama, la pregunta que surge es ¿cómo podrá hacer Uruguay para abatir el precio de los combustibles en el futuro sin que las fluctuaciones del crudo sigan siendo el factor principal de las permanentes subas?

LA APUESTA DE LACALLE A LA BAJA

Parecería que si el presidente Lacalle apuesta a una baja real de los combustibles (fue una de sus promesas en campaña) el gobierno deberá buscar caminos propios en ese sentido y no esperar todos los meses que el petróleo baje o suba para dar buenas o malas noticias.

En busca de cortar de raíz la dependencia del crudo, el Senador Sergio Botana presentó a finales de 2021, nueve proyectos de ley, que pretenden justamente mitigar el precio de los combustibles, con una serie de medidas, que él cree impactará a la baja en el PVP (Precio de Venta al Público).

Surtidores conversó largamente con el legislador nacionalista, cuyas opiniones -específicamente referidas a la distribución- ya dimos en una primera parte el viernes pasado, quedando pendientes varios temas.

Cuando usted refiere a la “liberalización total de la distribución de supergás para todo participante que cumpla con las condiciones de la URSEA”, situación que naturalmente implicaría que ANCAP licitara sus plantas de envasado, se refiere a que además de MEGAL, RIOGAS, ACODIKE y DUCSA, ¿cualquier empresa que cumpliera con los requisitos podrá distribuir? ¿En este escenario usted plantea la posibilidad de importar supergás o se mantendría la refinación del mismo por parte de ANCAP?

El supergás es el querosene de antes. Es el combustible de la cocina y de la calefacción en el invierno. Su precio no se puede subir. Lo que no es justo es que el envasado y la distribución se queden más o menos con el 60 por ciento del precio y ANCAP apenas con poco más de un 20 por ciento, la diferencia es el impuesto. Queremos liberalizar para cambiar esta ecuación. Queremos más equidad en la distribución y menos peso de la subvención necesaria. Hoy no subsidiamos a los pobres. Subsidiamos a los envasadores y distribuidores y sus fuertes sindicatos. Eso no puede ser. Al subsidio lo paga el propio pueblo cuando echa nafta en la motito. El Proyecto quiere que ANCAP licite sus plantas de envasado y que se libere a la competencia la distribución. Que cualquiera que cumpla con los requisitos ambientales, de seguridad, financieros y demás, pueda explotar ese negocio. Junto con mi equipo asesor en este proyecto (César Perrone y Rodrigo Castillo) hemos arribado a la conclusión que la competencia es imprescindible en este mercado. Respecto de la importación o la refinación por parte de ANCAP todo dependerá en buena medida de la decisión que el ente tome respecto de los combustibles. Si decide refinar, refinará supergás y si importa combustibles hará lo propio importando supergás del exterior.

Si 13 kilos de supergás pasaron a costar 776 pesos con la suba de ayer,  con una subvención estatal equivalente al mismo monto ¿podría explicar en detalle, de qué forma -en función de su proyecto de ley- el MIDES subvencionaría este combustible usado mayormente en el hogar, teniendo en cuenta que hoy llega con un precio al público que corresponde exactamente al 50 por ciento de su costo?

Con la liberalización disminuirá el costo de envasado y distribución. El subsidio necesario será menor. Proponemos que sea financiado desde el Presupuesto del MIDES. Si es subsidio debe ser transparentado. Los subsidios no pueden ser ocultos. Deben ser cuantificados con claridad y la sociedad debe saber qué sacrificio está haciendo. Es la única manera de saber si vale la pena el esfuerzo, o si ese recurso debe ser volcado a otra cosa. Por supuesto se deberá hacer un refuerzo presupuestal al MIDES para encarar la subvención. La discusión de esa transferencia será por demás rica y productiva. Se determinará con claridad la magnitud del subsidio, la eficiencia del gasto y la justicia de su destino.

¿Cuál es su posición con respecto al cemento Portland?

ANCAP pierde plata con el cemento portland, pero además encarece el producto en el mercado con lo cual perjudica la construcción. El mercado del portland en el Uruguay no es un mercado de competencia. Es un mercado oligopólico. Al precio del cemento lo fija el oferente más ineficiente. El de mayor costo marginal. Es ANCAP. Los demás ganan plata vendiendo ligeramente por debajo del precio de ANCAP. Se opera en un volumen menor a un precio mayor. En este caso la situación es peor que la de un monopolio liso y llano. La solución propuesta en los Proyectos es la de que ANCAP venda sus plantas de Cemento y Cal. Que las venda con una obligación de exportación por parte de su adquirente. En los Proyectos el Cr. Bruno ha contemplado la situación del personal con el debido respeto al trabajador. Se da oportunidad al que quiere trabajar. El Proyecto elimina la necesidad del subsidio en los combustibles. Contribuye a la baja del combustible y paralelamente a la baja de los costos de la construcción.

Cuando usted plantea la reducción de los aranceles de las tarjetas de crédito y débito, para el pago de combustible, ¿consideró que éstos en realidad son marcados por las instituciones privadas? ¿Puede el Estado intervenir de alguna forma en “decretar” las bajas  propuestas, en forma unilateral (sin participación de los bancos privados)  si este proyecto se convierte en ley?

El Estado no puede permitir que las empresas sean rehenes de las tarjetas de crédito y de los Bancos. Por servicio al cliente los comercios deben aceptar el medio de pago que el cliente proponga. Esta situación es aprovechada para fijar comisiones excesivas que perjudican al comercio. En algunos pocos casos el comercio puede transferir vía precios ese mayor costo. Eso también es perjudicial. Encarece los precios de la economía. Respondiendo concretamente la pregunta, el Estado no sólo tiene el derecho, sino que tiene la obligación de proteger a la empresa de la aplicación de tasas de usura. Pienso que la propuesta incluida en el proyecto de proponer ese límite de autoría del Economista Luis Muguerza está muy bien orientada.

¿Podría explicar cómo se aplicaría el denominado “fondo de amortiguación” sobre el IMESI?

El Estado necesita recaudar determinados recursos de la venta de nafta. La idea es que los siga recaudando. Los obtendrá de un Fondo que recibirá más IMESI cuando el combustible baje y menos cuando el combustible suba. La idea es que el IMESI se mueva de modo contrario al precio del petróleo. Hará menos gravosas las subas y se recuperará cuando las bajas. Mejorará la previsibilidad. Eliminará movimientos bruscos. Es una buena idea. Se aplica en diversos países.

La tasa de inflamables aplicada al costo del combustible solamente es cobrada por la IMM, impuesto que resignan las otras 18 comunas. Su proyecto justamente promueve la eliminación de este impuesto. ¿Al igual que en el caso de los aranceles, es posible establecer por ley la quita de este impuesto? ¿Esto no tomaría injerencia sobre decisiones departamentales, correspondiendo a la Junta Departamental tal decisión? ¿En qué monto impactaría en el precio del combustible?

La Ley puede prohibir tributos que no sean de los previstos en el 297 de la Constitución de la República. En este caso Montevideo es el único Departamento que cobra esta tasa. Paysandú, Durazno y Treinta y Tres tienen enormes plantas de distribución de combustibles, con sus correspondientes depósitos. Nunca se les pasó por la cabeza cobrar por el riesgo que ello pudiere acarrear. Por el contrario, celebran tener esa fuente de empleo y de generación de valor. Queremos eliminar esta Tasa de Inflamables y prohibir la inclusión de todo otro tributo que no sea el IMESI en los combustibles. Con el Dr. Rodrigo Castillo y César Perrone queremos evitar la mínima tentación de cargar costos la combustible. Tampoco autorizamos la financiación de las pérdidas de un negocio con otro negocio, es decir que también prohibimos que los subsidios de las pérdidas sean cargados en el precio de los combustibles. Que ANCAP se dé los lujitos que se quiera dar, pero que lo haga con su plata, no a costas del trabajo nacional. El proyecto prevé bajar en—-pesos por litro gracias a la eliminación de la tasa. También existe un mecanismo previsto para la baja del IMESI de modo permanente.

El proyecto de ley que usted propone, incluye algunas modificaciones en el cálculo del PPI y régimen de fijación de precios del combustible, en este sentido ¿podría explicar diferencia existente entre el PPI actual que entrega la URSEA, y el método que el proyecto de ley presentado propone?

El proyecto lo que propone es una modificación en la forma de cálculo del PPI, encomendando a la URSEA su nueva actualización. El PPI actual ha sufrido a lo largo del tiempo varias modificaciones, siempre con el objetivo de compararse con un importador teórico muy eficiente, casi implacable. Nosotros entendemos que se podría modificar varios aspectos de los componentes del mismo, buscando bajar el precio final. En ese sentido hay costos que se pueden topear, en busca de la eficiencia, como son los costos de transporte, almacenaje operativo e internación. También se solicita exceptuar del cobro de la Tasa Consular a los refinados de petróleo, cosa que hoy no sucede e incide en el precio final. En el caso del Bioetanol se pide a ANCAP que no incurra en sobrecostos a la hora de su compra. En definitiva, buscamos que el cálculo teórico que implica el PPI refleje una rebaja en el surtidor que entendemos  es posible y le solicitamos a la URSEA que adecue su método de cálculo con esos componentes.

Otro punto que su proyecto incorpora, tiene que ver con los subsidios cruzados y específicamente el subsidio que pesa sobre el Gas Oil (Fideicomiso al boleto) de 3 pesos y algo, que cobran las empresas de transporte.

En este sentido lo que usted plantea ¿cree que es viable y podrá quitarle esa carga al Gas Oil sin que termine impactando de otro modo en la población?

Hoy resulta impensable quitar ese apoyo a las empresas del transporte colectivo de pasajeros. Los Proyectos proponen acciones de dos tipos. En primer término, se plantea ir disminuyendo su necesidad. En segundo término, se plantea un cambio en la fuente de financiamiento. En consecuencia, planteamos la transformación del Fideicomiso en un Fideicomiso de Sustitución de Flota. Un Fideicomiso dirigido a sustituir flota que funciona a gasoil por flota más eficiente desde un punto de vista ambiental y de costos. Proponemos financiar la incorporación de flota eléctrica o híbrida. Con ello mejoramos en lo ambiental y bajamos costos de las empresas. Para el cumplimiento del segundo objetivo, estaremos financiando el mencionado Fideicomiso a través de las ganancias de ANCAP, y si no se completa el financiamiento, recurriendo a la cuota parte de los Beneficios del Banco de la República que hoy van a fines que han demostrado su absoluta ineficacia. Si tampoco da, entonces la diferencia se financia de Rentas Generales. Este Fideicomiso no será más una carga en el precio de los combustibles. También el Proyecto prevé un mecanismo de ajuste a la baja del monto del Fideicomiso, que obviamente no afectará a las empresas de Transporte de pasajeros porque tendrá simultaneidad con los ahorros de costos por eficiencia crecientes. No habrá necesidad de subir el costo del boleto porque el costo operativo será más bajo. La inversión será mayor pero sus costos de intereses y amortizaciones serán largamente compensados.