Expendedores se unen para avanzar en acciones contra nuevo impuesto a los combustibles

A causa del receso legislativo en provincias y municipios, el mes de enero se presenta para las Estaciones de Servicio del sur argentino como un desafío en materia de temas legales e impositivos.

La propuesta del intendente Gustavo Gennuso de crear una sobretasa a las empresas grandes y un gravamen por la carga de combustibles, sigue en pie y espera su tratamiento en febrero próximo.

El nuevo esquema pretende hacer pagar un adicional a quienes carguen combustible en la ciudad a razón de 75 centavos por litro tanto de nafta como de gasoil, sea común o Premium.

Rápidamente, la Cámara de Expendedores de Río Negro y Neuquén, a cargo de Carlos Pinto, se comunicó con sus colegas de otras entidades cercanas que ya habían pasado por el mismo problema y pudieron evitar su aprobación con argumentos jurídicos sólidos e irrefutables.

En ese sentido, el presidente de la cámara de Estaciones de Servicio de Chubut, Osvaldo Lewis, confió a surtidores.com.ar que estos días contactó a sus colegas de la CECNERN en atender este tema, sobre todo teniendo en cuenta que en Comodoro Rivadavia había surgido un intento similar que finalmente fue frenado por la impronta de los estacioneros y los comerciantes de la zona.

El dirigente resumió que el intercambio de ideas y propuestas con los expendedores de Río Negro se fundamentó en la inconstitucionalidad de la medida, porque los municipios no pueden cobrar una tasa si no existe contraprestación de servicio a ese cobro, explica.

“En Bariloche ya hay un impuesto que grava el combustible. Tengo entendido que de lo recaudado, el 50 por ciento financia el boleto de transporte urbano (no hay contraprestación de servicio) y el 50 por ciento restante va a para obras, por lo que no se puede implantar otro gravamen con el mismo objetivo recaudatorio”, explicó.

Alertó que dicha tasa resulta “inequitativa”, porque se cobra a quien cargue en la Estación de Servicio, por lo que quedan exentos los demás canales de comercialización, sean mayoristas o los que compran directamente a la petrolera, violando el principio de equidad necesario en cualquier norma impositiva.

“Además genera distorsiones en el mercado cercano, sobre todo en los productos diésel dañando la economía de las expendedoras contribuyentes al municipio en cuestión donde se pretende cobrar el impuesto”, enfatizó Lewis.

“Le comentamos a los colegas de Río Negro que en la oportunidad que debimos actuar, le propusimos al municipio otros métodos de recaudación alternativos como, por ejemplo, una contribución de cierta cantidad de litros de combustibles que se cobren mensualmente en la patente de cada vehículo del ejido urbano en la misma boleta del impuesto automotor”, propuso.