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Aseguran que atenta aún más contra el poder adquisitivo y la movilidad económica de los empleados del rubro quienes quedan impedidos de comprar el cupo oficial por haber recibido los ATP. De la misma manera, perjudica el capital de trabajo de los estacioneros.
La falta de divisas extranjeras con las que se enfrenta el Gobierno nacional, y el desprestigio que fue adquiriendo el peso argentino, comenzó a hacer mella también en el sector de la venta minorista de combustibles que ya estaba golpeado tras seis meses de recesión.
Como sucediera en los últimos días, apenas el Banco Central diera a conocer la Resolución que restringía la compra de los 200 dólares mensuales a más sectores de la población, los proveedores de diferentes manufacturas e importadores dejaron de vender la mercadería, por la incertidumbre sobre el precio que les costaría reponerla.
“A partir de la implementación de estas nuevas trabas al dólar, nos vimos imposibilitados completamente de adquirir todo tipo de insumos y productos para el mantenimiento de nuestras Estaciones de Servicio”, denunció Alberto Boz, presidente de FAENI en diálogo con surtidores.com.ar.
Ocurre que la gran mayoría de los repuestos para equipos de expendio de combustibles y de las estructuras eléctricas y tecnológicas tienen componentes que no se fabrican en Argentina, y aunque hay stock disponible, salieron de la venta hasta que no haya una certidumbre sobre el valor final de la moneda estadounidense.
“No podemos conseguir plaquetas, acoples, mangueras ni cualquier tipo de elemento que se necesite para el equipamiento de nuestra estructura de negocio, porque hoy por hoy, no hay ninguna noción de precios”, lamentó el dirigente santafesino.
De la misma manera se mostró preocupado porque los trabajadores de la actividad se ven afectados porque en algunos casos, recurrían al cupo de los 200 dólares por banco para tener una leve diferencia o una posibilidad de sostenimiento de su poder adquisitivo, ventaja que con el cepo reforzado, se les esfumó por haber ingresado entre las personas físicas que tienen prohibido la adquisición de moneda extranjera.
En ese contexto, analistas económicos que asesoran a los expendedores, coincidieron en que “carece de todo tipo de lógica que además de las imposiciones que ya tenían las pymes para ser acreedoras del ATP, se le sume la prohibición de obtener el billete norteamericano en el mercado oficial”.
Los expertos aseguraron a este portal que “la compra de dólares se había convertido en una alternativa que sin embargo no solucionaba la descapitalización de los comercios, que no pueden llegar al nivel de equilibrio” y corroboraron los dichos de Boz en el sentido que “para el trabajador también se convierte en algo injusto”.
En ese contexto, cuestionaron que el acuerdo para subsidiar el sueldo de los empleados se realiza entre el Estado y la patronal, con lo cual, “el trabajador debe asumir las costas de algo que no decidió por sí mismo”, asestaron.
Para el sector patronal, no resulta novedosa la tendencia progresiva de la cantidad de dueños de operadoras de combustibles que finalmente vienen desistiendo de pedir al Gobierno Nacional el subsidio del ATP, por causa de los innumerables requisitos que se fueron agregando a las solicitudes.
Vale recordar que una de las condiciones que la disposición oficial impone para recibir el dinero, es que no se pueda retirar utilidades, lo que causó que las empresas unipersonales, como suelen ser la mayoría de las Estaciones de Servicio, se vean impedidas de gastar para el sostén cotidiano, las cortas ganancias que deja la pandemia.
Y a esto se le suma ahora que los estacioneros que fueron ayudados con créditos blandos al 24 por ciento, integren la lista de quienes están inhabilitados para la adquisición de dólar legal.
Tal cual están planteadas las cosas en la crisis actual, existe un reconocimiento y valoración por parte de los dirigentes empresarios hacia el esfuerzo estatal para el sostenimiento de las fuentes de empleo de las Estaciones de Servicio.
Pero no dejan de ver con extrema preocupación las consecuencias de las últimas medidas en materia financiera que van en línea con restricciones impuestas entre los requisitos para solicitar programas de asistencia al empleo y la producción.
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