En el Congreso de la Nación coinciden que luego de la pandemia de Coronavirus, muchas cosas serán diferentes a nivel político y social, con lo cual, son numerosas las normas que quedarán fuera de época y perjudicarán a los consumidores y usuarios.

Es el caso de la Ley 25.065, de Tarjetas de Crédito, la cual está siendo cuestionada en el seno de la comisión de Defensa del Consumidor y la Competencia, luego del impulso del Diputado Diego Mestre.

El legislador nacional, dialogó sobre el tema con surtidores.com.ar y valoró que existan disposiciones recientes del Banco Central que limitaron en primera instancia el plazo de acreditación de las compras a través de la circular 6680/19 y en segundo lugar, la que puso tope a los intereses de no más del 55 por ciento.

Pero, consideró que los reclamos que aún hoy llevan adelante los dirigentes del sector de Estaciones de Servicio son legítimos y forman parte de una serie de modificaciones de raíz que debe efectuarse en la ley de tarjetas de crédito.

“Se trata de una norma del año 1998 cuando no existía la inflación y en un contexto económico completamente diferente, también para el mercado de ventas de combustibles”, dijo Mestre y aseguró que tomará las iniciativas que están en carpeta en la comisión desde el año pasado para asegurar por ley una tranquilidad jurídica al comercio en general.

Vale destacar que el proyecto de Mestre busca proteger las operaciones electrónicas y los pagos con QR, que en las Estaciones de Servicio también aumentaron su volumen a causa del aislamiento preventivo obligatorio.

“El uso de la tarjeta de crédito ha destronado la utilización de efectivo para realizar pagos comerciales lo cual trae aparejado otro tipo de problemas para el consumidor al cual debemos atender para que sus derechos sean tutelados según nuestra Constitución Nacional” expresó el titular de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia en el Congreso de la Nación.

El proyecto de Ley establece modificar la Ley 25.065 para que ante un error en el resumen de la tarjeta de crédito el usuario pueda cuestionar el mismo dentro de un plazo y a través de la vía postal, personal, digital y telefónicamente. Por otra parte, el emisor de la tarjeta de crédito estará obligado e informar al Usuario y/o consumidor todas las vías de comunicación y domicilios de la entidad para hacer el reclamo ante un error en la imputación de un gasto. Cualquier incumplimiento generará una situación jurídica abusiva y una práctica abusiva de parte de la entidad financiera.

“En Argentina, como en gran parte del mundo esta nueva tendencia de consumo supone un gran desafío, pero a la vez una gran oportunidad. No nos hemos quedado simplemente en considerar el incremento proporcional que han tenido los consumos digitales con los ciberataques y robo de datos de las tarjetas de crédito, sino que hemos ido más allá, hemos tomado la posta del mandato constitucional, y hemos establecido un marco preventivo, protectorio y congruente de nuevos derechos para los consumidores y usuarios” afirmó finalmente del Diputado de Córdoba.