Afirman que la medida que ordena retrotraer los precios de los combustibles es ilegítima e inconstitucional

En  mi informe anterior expuse que era imposible aplicar la Ley de Abastecimiento20680 para fijar precios máximos a los combustibles toda vez que las normas que facultaban al Poder Ejecutivo a ello habían sido suspendidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 2284 de 1991, que fuera ratificado por la Ley 24307.-

Este Decreto solo dejó vigente el inciso c) del art. 2 de la ley 20680, que autoriza al poder Ejecutivo a “Dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción”, en tanto que para tornar operativo el resto del contenido de la Ley de Abastecimiento se estableció como recaudo  la “declaración de emergencia de abastecimiento por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, ya sea a nivel general, sectorial o regional” (art. 4 del Decreto 2284/91).-

Concretamente el art. 2 inciso a) de la ley 20680 que facultaba al poder Ejecutivo a “Establecer, para cualquier etapa del proceso económico, precios máximos y/o márgenes de utilidad y/o disponer la congelación de los precios en los niveles vigentes o en cualquiera de los niveles anteriores” ha sido suspendido en su vigencia en virtud de las normas a que hiciera referencia.-

Además se encuentra vigente el Decreto 1212/89, que en su artículo 9 establece la libertad de los precios en los combustibles en todas sus etapas.-

La Secretaría de Comercio Interior ha dictado la Resolución 295/2010 (B.O. del 18/08/2010) retrotrayendo el precio de los combustibles –para quienes los hayan incrementado- a los vigentes al 31 de julio de 2010, declarando operativos los términos de la Ley de Abastecimiento. Para atribuirse esta facultad invoca el art. 2 inc. c) de la ley que en forma algún se refiere a la fijación de precios, facultad contenida en el inciso a) que – se reitera – ha sido suspendida por el Decreto 2284/91 y por la Ley 24307.-

La Resolución 295/2010 viola así groseramente los contenidos expresos de normas de superior jerarquía como son el Decreto y la ley mencionada, y además incluso el Decreto 1212/89 por lo que es ilegítima e inconstitucional.-

Además, ¿Por cuánto tiempo se mantendrá vigente este congelamiento de precios? ¿Cómo se podrá hacer frente en el futuro al permanente incremento de costos que sufre el sector?, ¿Cómo se puede sobrevivir comercialmente con precios y márgenes de utilidad congelados cuando los costos no lo están? La Resolución no lo dice ni tampoco fija fecha para el fin de su vigencia.-

Rafael Bielsa, considerado el padre de los estudios de Derecho Administrativo en nuestro país,  decía hace ya mas de sesenta años que “la Administración (pública) debe transitar por los carriles de legalidad”, explicitando con tal adagio que la totalidad de las disposiciones y actuaciones  que se dicten deben ajustarse al contenido de las normas de jerarquía superior, a las leyes y en definitiva a la Constitución Nacional.-

Si los funcionarios  proceden en contra del orden legal establecido, violan las Constitución y hasta incurren en el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal).-

Buenos Aires, 18 de agosto de 2010.-

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