Polémica en torno a los seguros de cobertura por daño ambiental

La Ley 25..675 de Política Ambiental Nacional creada a los fines de establecer presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable, incluye dentro de sus consideraciones aspectos referentes al seguro ambiental y fondo de restauración.

En se artículo 22 se dispone que toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación.

En este ítem se encontrarían incluidas las estaciones de servicio (conforme lo dispuesto por la Resolución SAyDS N° 1639/07), como generadoras de operaciones que se relacionan con la manipulación de elementos que dañan el medioambiente. Es por esta razón que si bien hasta el momento no es exigible de manera obligatoria por parte de los organismos de control, hay presión de las aseguradoras para que se aplique de manera obligatoria.

Según pudo indagar surtidores.com.ar, los estacioneros están siendo encuestados telefónicamente para conocer si se encuentran cubiertos bajo esta incidencia. La pregunta final no deja lugar a dudas: “¿Conoce su obligación de contratar una póliza de caución que atienda el daño ambiental?’”.

Pero el principal problema para la concesión de un seguro es la evaluación del riesgo a los fines de evaluar el costo de la prima y las posibles sumas a indemnizarse. “Los seguros comprendidos en estas resoluciones son muy importantes de ahí el interés de las aseguradoras”, opinó un reconocido especialista en el tema. “Pero también es una realidad que muchas estaciones de servicio no podrán afrontarlos y por ello se hace necesario establecer otros mecanismos como podría ser un fondo de manera de garantizar una protección ante este tipo de accidentes”, afirmó.

La falta de prevención en materia ambiental constituye actualmente el principal problema a atacar por nuestro país y de él se desprenden otros tantos dilemas ambientales. En la práctica la prevención está considerada la regla de oro en materia ambiental dado que cuando un daño se produce, resulta muy difícil cuando no imposible, volver las cosas a su estado anterior. Ya sea por que estas resultan irreemplazables en especie o bien, por que el costo de esa recomposición no puede ser económicamente asumido por sus responsables. El derecho ambiental debe centrar su atención en el énfasis preventivo ya que la vía sancionadora o coactiva se encuentre muy limitada en cuanto a su eficacia a posteriori.

“La complicación que origina evaluar el riesgo tiene un costado positivo ya que consecuentemente, esto lo vincula a la calidad de la gestión de riesgos de la empresa lo que tendrá un efecto disuasorio y fomentará una prevención de accidentes más adecuada y otros tipos de controles ambientales de la actividad económica”, subrayó finalmente el entendido.