El diputado porteño del GEN Sergio Abrevaya impulsó en la Legislatura porteña un proyecto para prohibir, a partir del 2028, la circulación de vehículos de transporte público que funcionen a nafta, diesel u otro combustible que no provengan de energías renovables u amigables con el medio ambiente.

De esa manera, sólo podrían circular únicamente colectivos y taxis que funcionen con fuentes de energía eléctrica, híbrida o hidrógeno. Además, la normativa establece una prorroga en la autorización para circular hasta el 2030, la cual tendrá un costo de 300 unidades fijas por mes.

“El impulso para poner a la Argentina en el contexto de los países más desarrollados del mundo con respecto a los combustibles, debe ser acompañado por el Gobierno, que hasta el momento, no parece tenerlo en sus planes más inmediatos”, dijo Abrevaya.

En ese sentido, recordó que la iniciativa fue presentada en la Comisión de Medio Ambiente y planeamiento urbano de la Ciudad de Buenos Aires, a fin del año pasado pero no tuvo aún estado parlamentario ni figura en las prioridades de los debates agendados en el recinto.

En los fundamentos de la medida, Abrevaya recordó que la ONU advirtió que “por el uso de vehículos convencionales la situación medioambiental empeorará pudiéndose llegar a un colapso de las infraestructuras y un aumento proporcional de las emisiones contaminantes” y resaltó que “si la flota de colectivos y taxis de 22 ciudades latinoamericanas es reemplazada por vehículos eléctricos para el 2030 se habrían ahorrado alrededor de 64 mil millones de dólares, se reducirían en 300 millones de toneladas de dióxido de carbono emitidas y se evitaría la muerte prematura de alrededor de 36 mil personas”.

Admitió el entrevistado que “diariamente por la Ciudad circulan más de diez mil colectivos que transportan pasajeros emitiendo anualmente toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera contaminando y exponiendo a la ciudadanía a que contraigan a causa de ello enfermedades cardiovasculares, asma, accidentes cerebrovasculares, o cáncer”.

En referencia a la tarea que deberá corresponderles al sector de comercialización de hidrocarburos, el edil transmitió tranquilidad a los estacioneros, porque según su visión, “no habrá modificaciones en otro aspecto que no sea del transporte público, cuyas unidades se abastecen de combustibles en las propias terminales”.

En el caso del GNC para los taxis o remises, adelantó que de implementarse la ley, se hará progresivamente y como suele ocurrir con todos los aspectos de la economía, depende la adaptación a las nuevas necesidades de los consumidores y el éxito de un negocio.