Un proyecto de Ley recientemente ingresado a la Comisión de Combustibles de la Cámara de Senadores de la Nación, redactado por los senadores Juan M. Pais, Marcelo J. Fuentes y Silvina M. García Larraburu, propone volver atrás con las áreas de excepción de los nuevos impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.

Los legisladores patagónicos advirtieron que “la nueva Ley introdujo una modificación grave y perjudicial, debido a que eliminó casi en su totalidad la exención hasta entonces vigente sobre el ITC para el consumo de combustibles en la región”.

Detallaron que actualmente quedaron vigentes las exenciones para nafta sin plomo hasta 92 RON y de más de 92 RON. Además, se fijó un monto reducido (casi la mitad, 2,246 pesos por litro, respecto de lo que se paga en el resto del país, 4,148 pesos por cada litro) para gasoil, diésel oil y kerosene, “lo cual implicó un aumento de la carga impositiva porque antes estaban exentos”, adujeron.

Expresaron que a esta eliminación de la exención, hay que añadirle el impacto del nuevo impuesto que se creó sobre el Dióxido de Carbono, aplicable en todo el país, sin exención alguna para la Patagonia.

Los Senadores afirmaron que tanto el petróleo como el gas son recursos hidrocarburíferos no renovables y que, como es sabido, la Patagonia produce para todo el país. “Es así que, con la mirada puesta en el desarrollo nacional y de cara a un recurso que con el transcurso del tiempo va a perecer inevitablemente, planteamos el retorno a ese mecanismo diferenciador que en este contexto parece lógico”, explicaron en la iniciativa.

Señalaron en ese contexto que en esas regiones, existe una amplia extensión territorial y muchos de los pueblos se encuentran a distancias muy grandes entre sí, sumando a ello que el principal transporte utilizado por sus habitantes es el terrestre.

Resaltaron finalmente, que en el sur nacional, el uso de automóviles es una necesidad y una herramienta esencial de trabajo, contrariamente a un bien suntuario, al tiempo que alertaron que siempre el costo de vida fue mayor en las provincias productoras de hidrocarburos, lo que justifica la necesidad de crear por ley una ventaja comparativa.